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El gobernador regional encargado, Luis Díaz Bravo, podría librarse de un pedido de prisión preventiva, derivado de una investigación por presunta corrupción.
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En razón a una notificación, las partes asistieron ayer a una audiencia virtual para debatir el requerimiento interpuesto, en el mes de febrero, por la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo el juzgado tuvo que suspender esta diligencia tras las observaciones de la defensa.
¿Qué pasó?
Los abogados informaron al juez, Reynaldo Leonardo Carrillo, que la fiscalía no les había detallado sobre los informes contables que respaldarían la hipótesis de supuestos actos que configurarían el delito de colusión en procesos de contratación pública del año 2020.
Por ello, el juez Reynaldo decidió otorgar un plazo de 24 horas al despacho de la fiscal, Karim Ninaquispe Gil, para que alcance los anexos faltantes, pues de lo contrario el juzgado declarará que la solicitud de prisión no fue presentada.
La Fiscalía tiene hasta hoy para remitir los documentos escaneados en PDF respecto a los elementos de convicción, a fin que las defensas formulen sus argumentos para contradecir como corresponde.
Cabe recordar que la fiscal Ninaquispe también propuso que se ejecute la medida de prisión por el plazo de 36 meses para los exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque: Germán Pisfil Agapito (exjefe de la Unidad de Contabilidad), Walter Mondragón Vera (exjefe de Abastecimiento).
Asimismo para los exmiembros del comité para la obra “Instalación del Servicio Educativo en los colegios Quemazón y Las Delicias de Mórrope”, Wilmer Vásquez Guerrero y José Barba Maique.
Del mismo modo para el exalcalde distrital de La Victoria, Leoncio Paucar Merino, y José Chinguel Calle (exconsultor).
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Detención
La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque cambió la prisión preventiva impuesta al suspendido gobernador, Anselmo Lozano Centurión, por la figura de detención domiciliaria por el plazo de 9 meses, motivo por el cual tendrá que cumplir una serie de restricciones. Lo mismo se decidió para el exfuncionario Harry Gonzales Solano.
Además, el colegiado confirmó la prisión para Wilfredo Castro Carmona y Alejandro Criollo Quispe, pero se redujo el plazo, de 24 meses a 9.
En cuanto a Osmán Yangua Criollo, este logró cambiar su situación, ya que en un principio recibió mandato de cárcel; sin embargo, la sala le concedió la libertad con comparecencia.
Finalmente, se rechazó el pedido de prisión para María Castro Grosso, José Huamán Vargas, Marco Tarrillo Bustamante y William Sime Castro.
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