Juzgado de Chiclayo lo condena a 4 años de cárcel por colusión, debido a hechos de corrupción en el municipio de Querocotillo.
Juzgado de Chiclayo lo condena a 4 años de cárcel por colusión, debido a hechos de corrupción en el municipio de Querocotillo.

En adelanto de fallo, un juzgado de condenó al congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Mosiés Gonzales Cruz, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el delito de colusión.

Dicho legislador fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, en razón a las pruebas que lo comprometen con presuntos actos de corrupción cuando fue alcalde de Querocotillo (Cutervo).

En la sentencia también se indica que Gonzales quedará inhabilitado por un periodo de cuatro años para ocupar cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular, y la incapacidad o impedimento para obtener mandato, empleo o comisión de carácter público.

Asimismo, deberá cancelar una reparación civil de S/ 30 mil a favor del Estado.

Concertación

A lo largo de un juicio, el fiscal Javier Idrogo Rodríguez, sustentó que el acusado concertó con exfuncionarios, actualmente condenados, para defraudar a la municipalidad de Querocotillo.

Explicó que los ílicitos se habrían registrado en el proceso adjudicación directa N° 1-2013, para la obra “Construcción de Trocha Carrozable Santa Rosa-Barbas y Ramal-Tayme Ñule, Mejoramiento del Tramo Santa Rosa-Pati Pampa”, para lo cual se utilizó un expediente técnico de otra obra.

Asimismo, las bases administrativas exigían requisitos demasiados específicos y no acordes con la naturaleza del proyecto, como era la participación de un Gerente de Obras, la exigencia de una carrera técnica inexistente, como Técnico en Construcción y Topografía, entre otros.

Se admitió la participación del Consorcio Tayme, en calidad de micro y pequeña empresa, cuando no le correspondía, porque a la fecha de presentación de las propuestas no se encontraba acreditado como tal.

Este consorcio se hizo de la buena pro, pese a que una de las empresas que lo integraba, como era Chocoypico SRL, tenía como socio s Juan Saavedra Salazar, quien estaba impedido de contratar con el Estado, porque tenía el cargo de teniente alcalde de Querocotillo.

Para la firma del contrato se exoneró al consorcio de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento y no se le exigió la presentación del calendario de avance de obra valorizado, y el calendario de adquisición de materiales.

Según el fiscal Idrogo, uno de los acusados, Elvis Cubas Pérez, en calidad de representante de Tayme, presentó documentos falsos en su propuesta técnica, como certificados de experiencia laboral y títulos de carreras técnicas, e incorporó profesionales que nunca presentaron su consentimiento para participar en el proceso de selección.

En un juicio anterior fueron sentenciados 6 imputados, entre exfuncionarios y empresarios.