Hay quienes consideran que ya es momento de elegir a un nuevo vicegobernador para pasar la página y evitar nuevas crisis.
Hay quienes consideran que ya es momento de elegir a un nuevo vicegobernador para pasar la página y evitar nuevas crisis.

El fallo que otorga detención domiciliaria al suspendido gobernador regional de Lambayeque, , divide al Consejo Regional por la posibilidad de que dicho investigado solicite retomar sus funciones.

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La próxima semana promete ser muy tensa para el pleno, pues sus integrantes vienen buscando opiniones legales sobre cómo proceder y qué pasará para evitar nuevas crisis, ya que tanto Lozano, como el gobernador encargado, Luis Díaz Bravo, están siendo procesados por el Ministerio Público.

Las posiciones están encontradas, y hay quienes sostienen que Lozano, una vez recuperado, podría hacer despacho desde su casa. De presentarse tal escenario, hay consejeros que han expresado que no se opondrán.

¿Y la confianza?

Pero un regreso del también exalcalde de La Victoria ahondaría la crisis de desconfianza hacia el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE). “El argumento principal a su favor es por sus enfermedades y su edad, si Lozano pide reanudar funciones, entonces demostraría que nunca estuvo en situación grave, a la larga se perjudicaría”, explicó una fuente, consultada por Correo.

La solución para quienes ya desean pasar la página, es que el Consejo elija a un vicegobernador temporal, a fin que esta medida deje a Luis Díaz Bravo en el cargo de gobernador de forma definitiva. Sin embargo, esto tampoco es seguro, por el pedido de prisión preventiva en su contra, interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción por el plazo de 36 meses.

Ni Díaz ni Lozano tienen impedimentos legales fuertes para continuar adelante con sus funciones.

“Es una situación muy compleja porque se tiene que priorizar la estabilidad del gobierno regional y la transparencia. Estamos buscando un asesoramiento para dar un pronunciamiento”, explicó el consejero, Manuel Huacchillo Gonzales, al ser consultado.

El GORE ha recaído en las sospechas, tras los resultados del Órgano de Control Institucional al contrato que hizo la gerencia de Salud para la construcción de una planta de oxígeno. A ello, se añade fallas en las vacunaciones del personal de primera línea.

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