Lambayeque: Consorcio pretende apelar plazo para compactadoras

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el polémico caso de la compra de compactadoras que involucra a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

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El gerente regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquén, confirmó que el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú se opone al plazo de 25 días otorgado por el municipio para que cumpla con entregar la maquinaria, y pretende interponer un recurso de reconsideración.

Detalles

Según señala la Contraloría, actualmente existen dos procesos de investigación relacionados a la adquisición de las 14 compactadoras.

El primero se enfoca en el expediente técnico y el proceso de selección donde resultó ganador el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.

Hasta el momento, los auditores del Órgano de Control Interno (OCI) siguen evaluando el expediente para determinar si existió un direccionamiento a favor de dicho Consorcio.

“Estamos verificando si correspondía otorgarle la buena pro o si hubo un tema de favorecimiento. Lo común de encontrar en procesos de selección es que favorecen a un postor y sacan de camino a otros que sí cumplían los requisitos”, explicó el gerente regional.

Además, se necesita revisar que la oferta entregada por el Consorcio cumpla con los Términos de Referencia. Esto incluye una evaluación de los materiales y las características técnicas que ofertó la contratista para la elaboración de las cajas compactadoras.

Como se recuerda, uno de los postores que participó en la licitación (Consorcio Coinpro -Tracama-Famedi) denunció incongruencias sobre el tipo de acero que usaría el Consorcio Ganador para fabricar la caja compactadora.

Se trata de planchas de acero estructural F-24 que -según la carta que presentó dicho postor- no cumple con las especificaciones técnicas que solicitó la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

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Incluso, se advirtió que este material tampoco es similar o superior al acero estructural ASTM A-36, contraviniendo lo que indican las bases del contrato.

El costo para la municipalidad sería una maquinaria con un tiempo de vida útil más corto, aunque los funcionarios no han querido precisar los años de garantía que brinda la empresa.

Lo sorprendente es que los regidores todavía no conocen el plan que detalle el presupuesto para la operatividad y mantenimiento de las unidades ante posibles fallas técnicas, a pesar de haberlo solicitado al alcalde Marcos Gasco Arrobas en más de una oportunidad.

Luego que concluya la revisión del expediente técnico, la Contraloría determinará si inicia un control posterior con el fin de identificar responsabilidades penales, civiles o administrativas.

Debido a que recuperó su capacidad sancionadora, la Contraloría podría imponer hasta 5 años de inhabilitación para trabajar en el Estado a los funcionarios que se encuentren involucrados en responsabilidad administrativa.

SÍ Podrían aplicar penalidades

El segundo aspecto que está evaluando la Contraloría es la ejecución del contrato y los argumentos que aceptó la municipalidad para que se amplíe el plazo de entrega.

El Consorcio solicitó 75 días adicionales por un “desabastecimiento temporal de la cadena de suministros” que afectan la fabricación de las cajas compactadoras.

La comuna aceptó parcialmente el pedido por la causal de atraso y/o paralización no atribuible al contratista, pero redujo el plazo a solo 25 días.

Tras conversar con funcionarios ediles, Tello pudo conocer que el Consorcio no está de acuerdo con el tiempo otorgado y busca acceder a una reconsideración.

“Son recursos que pueden invocar las empresas; y si se presenta, la municipalidad tiene que atenderlo”, sostuvo el funcionario.

La Contraloría ya cuenta con el informe técnico y legal y la resolución de gerencia que sustentan la ampliación del plazo para verificar su legalidad.

“Nosotros advertiremos al alcalde si correspondía o no otorgar esa ampliación”, agregó el gerente.

Al margen de lo que determine la Contraloría, la municipalidad todavía debe evaluar si aplica penalidades al Consorcio una vez que la maquinaria sea entregada.

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Así lo aclaró Tello Benzaquén: “Cuando lleguen las compactadoras, el área usuaria (la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos) otorgará o no su conformidad. Es ahí donde se tiene que consignar si corresponde la aplicación de una penalidad”.

El funcionario no descartó que se realice un peritaje en el marco de la investigación preliminar que ha iniciado la Fiscalía por este caso.

Fuentes consultadas por Correo indicaron que el Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe, ha designado a otro magistrado para la indagación.

Como parte de las diligencias preliminares, se ha considerado tomar declaración a los regidores que denunciaron irregularidades en la licitación.

Asimismo, se solicitará documentación a la municipalidad y se pedirá parte de los informes que están en poder de la Contraloría.

Uno de los objetivos que tiene el órgano de control es determinar si la versión brindada por el Consorcio para la ampliación de plazo obedece a causas razonables.

De acuerdo a la municipalidad, la contratista adjuntó facturas e inventarios de los chasis así como un acta que certifica que “ha superado el desabastecimiento”.

Para el regidor Jony Piana Ramírez, esta versión resulta cuestionable.

“El asunto es que la empresa hace contrato con un tercero. La municipalidad no tiene nada que ver con la documentación que presente la empresa respecto a terceros, o a otras empresas con las que subcontrata. Además, los 100 días del plazo inicial fueron considerados en las condiciones actuales de pandemia”, puntualizó.