El flamante fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, fue investigado en su momento por las declaraciones que ofreció el exalcalde de Olmos (región Lambayeque), Willy Serrato Puse, al Ministerio Público.
Caso contra fiscal
En diciembre del 2018, el exburgomaestre fue incluido en el proceso penal en contra de la red delictiva ‘Los Temerarios del Crimen’, y para evitar la cárcel ofreció información sobre cómo se habrían manejado las designaciones de algunos magistrados al más alto nivel de la judicatura.
Para aquel entonces ya se había destapado el emblemático caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y eran conocidos públicamente supuestos hechos de tráfico de influencias en el ascenso de jueces y fiscales desde el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
¿Influencia?
Según Serrato, la elección de Gálvez como fiscal supremo habría sido resultado de una recomendación expresa del exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, quien además es una figura importante dentro del partido político Alianza para el Progreso (APP) al igual que su hermano César Acuña.
De acuerdo a su relato, se enteró de esta irregularidad, a través de las conversaciones que sostuvo con el abogado Julio Severino Bazán. “Este me precisó que, a pedido de César, Humberto Acuña había llamado telefónicamente a Severino, para que eligieran mediante el voto de (Iván) Noguera al fiscal Gálvez como fiscal supremo”, afirmó.
Además, dijo que, meses después de esa intervención, acompañó a Acuña hasta la oficina de Gálvez, donde saludaron al magistrado y este habría agradecido al exgobernador de Lambayeque el favor en los exámenes del CNM.
Las versiones de Serrato dieron paso a una indagación preliminar por la cual en noviembre del 2023, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Humberto y César Acuña Peralta, Mario Mendoza, Guido Aguila, César Hinostroza, Ángel Romero y Tomás Gálvez.
En su defensa, el hoy fiscal de la Nación señaló que las declaraciones de Serrato fueron una represalia orquestada por José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, y José Luis Cavassa Roncalla, debido a que ambos fueron denunciados penalmente por presuntamente haber formado una organización criminal al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con la finalidad de manejar los resultados electorales de los comicios municipales y regionales del 2018.
Papel del Congreso
Es preciso mencionar que, en julio de este año, la Subcomisión de Acusación Constitucionales del Congreso, que tenía como presidenta a María Acuña Peralta, envió al archivo las denuncias en contra de Tomás Gálvez por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. El informe final que sustenta tal decisión fue presentado por el parlamentario Luis Aragón, de Acción Popular (AP).
