Lambayeque: Fiscal investiga sobornos en caso “Los Wachiturros”

En la región Lambayeque. En audiencia pública realizada ayer, el fiscal Germán Montero Ugaz solicitó la ampliación del mandato de prisión preventiva por una plazo de 9 meses más, contra cuatro miembros de la supuesta organización criminal “Los Wachiturros” que se encuentran internados en el penal exPicsi desde agosto desde del 2015.

El fiscal expuso ante la jueza Mary Nuñez Cortijo, que los investigados habrían participado en asesinatos a trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán que se oponían a la administración judicial y al Grupo Oviedo.

SOBORNOS. También precisó que dentro de la compañía se halló armas de tenencia ilegal, pues no contaban con la respectiva autorización de la Sucamec. Además recalcó que los imputados atacaron las viviendas de sindicalistas usando bombas que eran del Estado, pues se las proporcionaban efectivos policiales a quienes sobornaban.

Incluso refirió que quienes también habrían sido sobornados - según lo declarado por colaboradores eficaces - son congresistas. Sin dar el nombre de qué parlamentarios habrían favorecido al Grupo Oviedo a cambio de dinero, el fiscal señaló que se ha iniciado una investigación paralela sobre el tema.

Luego el fiscal señaló que el empresario Edwin Oviedo Picchotito sería la cabeza de la supuesta red criminal, pues al demandar a la excooperativa obtuvo la administración colocando a personas de su entorno como es Segundo Ordinola y Pablo Arce, quienes - según dijo - eran el mando intermedio en la red criminal.

“El interés por permanecer en la empresa era vender el azúcar a dos empresas ligadas a Oviedo a precios muy por debajo del mercado. Estas empresas compraban el azúcar a 75 soles y ese mismo día lo vendían a 130 soles, de tal manera que tenían ganancias de 50 soles por bolsa. Se sabe que la empresa Tumán produce 7 mil bolsas de azúcar al día, entonces tenían ingresos superiores a los 300 mil soles diarios. Por eso no querían salir”, dijo el fiscal.

DEFENSA. Los abogados de cada uno de los procesados expresaron su oposición al pedido del citado fiscal, alegando que durante el tiempo que se encuentran privados de su libertad, no se ha corroborado lo que declararon los colaboradores eficaces.

Basándose en la tesis de la Fiscalía sobre supuestos autores intelectuales, señalaron que sus patrocinados serían los instrumentos dentro de la red criminal y por consiguiente habrían sido utilizados por quienes ahora están libres. Además refirieron que terceras personas habrían desembolsado fuertes sumas de dinero para que “aparezcan colaboradores eficaces que mientan y se traigan abajo la administración judicial”.