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En la región, en la semana que termina, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque fue el centro de la noticia.

El catedrático Jorge Oliva Núñez inició la polémica al enviar un ultimátum a su rival, el rector Agustín Ramos, advirtiéndole que deje el cargo o lo “sacará a la fuerza”.

Como era de esperarse, y fiel a su estilo, el dirigente nacionalista Agustín Ramos salió a responderle, creyéndose inamovible del cargo que ocupa.

PEOR QUE COTILLO. Y es que, mientras el cuestionado rector de la Universidad Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo, pide quedarse en el cargo solo hasta mayo del 2016, Agustín Ramos dijo - sin remordimiento alguno por los escándalos de corrupción que arrastra - que dejará el rectorado el 14 de setiembre del 2017.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no quedó exenta de los dimes y diretes entre Ramos y Oliva, y por ello, al cierre de la semana, emitió un comunicado.

En su misiva, la Sunedu advierte que los rectores, como Agustín Ramos, que se nieguen a dejar sus cargos este 31 de diciembre serán denunciados penalmente.

Al fuego cruzado de autoridades universitarias se sumó la grave denuncia hecha por 17 universitarias, quienes acusan al catedrático Agustín Rodas Malca de acosarlas y pedirles favores sexuales para aprobarlas en la cátedra que dicta. Como era de esperarse, el docente aludido ha negado todos los cargos, aunque ya se vaticina su destitución de la UNPRG.

GOLPE APEPISTA. El martes, José Guerrero Braco, un motivado militante de Alianza Para el Progreso, hizo noticia al denunciar por defraudación tributaria a su líder, el candidato presidencial César Acuña, quien -claro está- también tiene al “enemigo” en casa.

El dirigente regional de APP, Juan Pablo Horna Santacruz, no se escapó de las críticas al denunciarse licitaciones y convocatorias de personal amañadas en la Gerencia Regional de Transportes, a donde aterrizó tras dejar la vicepresidencia regional.

Sin escape. El exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, no se ausentó en esta semana noticiosa. Él, junto a su exfuncionaria Yolanda Benavides, fueron condenados a 1 años de prisión suspendida por permitir compras fraccionadas de combustible en la MPCh. Una condena que, a claras luces, no se compararía en nada a la que la Fiscalía pedirá por el caso “Los Limpios de la Corrupción”.

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