La gestión del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, firmó un contrato por S/ 7,7 millones pese a que el proceso de selección se encontraba suspendido por mandato de la Ley de Contrataciones del Estado. La obra, destinada a construir servicios educativos en el distrito de Cayaltí, no registra avances físicos ni financieros desde entonces.
Contrato en medio de una apelación
El caso se origina en el proceso de selección N.º 001-2023, convocado para la “Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en las II.EE N° 11524 de Cayaltí y N° 11173 del centro poblado Guayaquil”, con un presupuesto de S/ 7′742.179,74.Según la Resolución Jefatural Regional N.º 000307-2025, de fecha 24 de septiembre de 2025, el 15 de mayo de 2023 la buena pro fue otorgada a la empresa Inversiones y Negocios Generales Mafer S.A.C.. Sin embargo, cuatro días después, el Consorcio Ejecutor —integrado por Vialusa S.A.C. y JKMB Generales S.R.L.— presentó una apelación dentro del plazo legal.
De acuerdo con la normativa, la presentación de una apelación suspende el procedimiento hasta que el recurso sea resuelto. No obstante, el contrato continuó su trámite administrativo y fue firmado el 14 de junio de 2023, mientras la apelación seguía sin resolver.
Irregularidades en Logística
El documento oficial precisa que la apelación fue registrada el 22 de mayo de 2023, justo cuando el entonces jefe de Logística, Néstor Cieza Pérez, dejó el cargo. Días después, su sucesora, Cecilia Jeanette Torres Limo, recibió un segundo escrito del consorcio impugnante.En lugar de derivar el caso al Tribunal de Contrataciones del Estado, lo remitió al Gerente Regional de Infraestructura, quien ya no formaba parte del comité de selección y se declaró sin competencia para atenderlo.
Pese a ello, la Oficina de Logística continuó el trámite y remitió el expediente a Administración para formalizar el contrato. El 13 de junio de 2023, Torres Limo envió el expediente, y al día siguiente se suscribió el Contrato N.º 000004-2023, posteriormente registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
Semanas después, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluyó que el procedimiento debió ser elevado al Tribunal y que Logística no era competente para resolver ni formalizar ningún acto contractual durante la suspensión.
Obra paralizada y reformulada
El proyecto, concebido para mejorar la infraestructura educativa en zonas rurales, nunca llegó a ejecutarse. El 31 de octubre de 2024, el Gobierno Regional notificó la Carta Notarial N.º 000057-2024, comunicando la resolución del contrato con el consorcio ejecutor por incumplimiento de plazos y deficiencias técnicas.
En 2025, el proyecto fue devuelto a la etapa de reformulación técnica, sin avances visibles hasta la fecha.
