Escrito por Melissa Romero
La desaparición de 7 mil cajas con Azitromicina en las instalaciones de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) ha puesto en la mira el manejo sobre los diferentes medicamentos e insumos, que adquiere el Estado para distribuirlos a los centros de salud.
El reciente escándalo, suscitado en plena pandemia por la Covid-19, es materia de investigación en la Contraloría y en el Ministerio Público.
Sin embargo, en el Gobierno Regional ha saltado información preocupante respecto a que, la sustracción de medicinas, sería una práctica recurrente, que no fue fiscalizada y sancionada por las gestiones anteriores a la que hoy dirige el gobernador, Anselmo Lozano Centurión.
“No creo que esto sea responsabilidad de una sola persona, debe haber toda una línea y conexiones, es necesario esclarecer lo ocurrido para delimitar sanciones”, expresó el consejero regional, Manuel Huacchillo Gonzáles.
Enfatizó que la información alcanzada a la Comisión de Salud del Consejo Regional advierte que, en años pasados, también se denunció la sustracción de medicamentos genéricos, pero esto habría quedado impune.
Debido a la cantidad de azitromicina extraviada, Huacchillo no descarta que estén involucrados trabajadores y funcionarios que pasaron por la GERESA o por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos e Insumos (DIREMID).
“Estamos analizando cuántos informes hubo, qué acciones se tomaron y quiénes fueron los involucrados”, agregó.
Los resultados pueden acarrerar denuncias penales por los presuntos delitos de omisión de funciones, falsificación de documentos y contra la salud pública.
Los aportes del consejo dejarían sin sustento el descargo del exjefe de la DIREMID, Jorge Custodio Horna, quien dijo a Correo que la denuncia realizada por el gobernador Lozano es parte de una jugada política para removerlo del cargo.
En tanto, la Fiscalía viene indagando preliminarmente los hechos, y a la espera del informe de la Contraloría.