Lambayeque: La presunta red criminal que operaría en Ferreñafe

En la región Lambayeque, el alcalde de Ferreñafe, Jacinto Muro Távara y varios de sus funcionarios de confianza han sido denunciados como presuntos integrantes de una organización criminal que desde hace varios años vendría enriqueciéndose de manera ilícita a través de actos de corrupción.

Han sido ciudadanos anónimos los que interpusieron la denuncia contra el burgomaestre y su red delictiva, a la que denominan “Los Campechanos de la Corrupción”, porque acostumbrarían regalar a la población, dinero en efectivo, cerveza y materiales de construcción.

Incluso se presume que el monto de los bienes adquiridos por esta supuesta mafia que se habría enquistado en la municipalidad provincial de Ferreñafe, bordearía el millón y medio de dólares.

El caso ha sido derivado de la Fiscalía Especializada en delitos de lavado de activos de Lima a la Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo, siendo la fiscal provincial Nelly Chambergo Burgos quien ha dado inicio a la investigación preliminar.

A través de la Disposición N° 01, la citada magistrada incluyó como imputados al alcalde Jacinto Muro Távara, a 7 funcionarios de la municipalidad y a 6 presuntos testaferros, que habrían sido captados para ocultar bienes de dudosa procedencia.

IMPUTACIÓN. Basándose en la denuncia que formuló de manera detallada un grupo de ferreñafanos anónimos, la fiscal dispuso el inicio de las diligencias preliminares, citando a declarar a la autoridad edil para el próximo 19 de enero del 2015, bajo apercibimiento de ordenar que sea conducido de manera compulsiva por la policía en caso de no asistir.

El alcalde deberá acudir a la Fiscalía en compañía de su abogado y responder varios cuestionamientos. Uno de ellos es haber adquirido una camioneta marca Toyota modelo 4x4 que se le ve manejar a diario en la ciudad. Otro punto que deberá aclarar es sobre la construcción de un grifo al costado del cementerio “El Carmen” denominado San Judas Tadeo.

Para no levantar sospechas habría registrado dicha propiedad a nombre de su yerno, Jorge Alexis Carrasco Fuentes, quien pese a no tener trabajo conocido y ser de familia modesta, ha arrendado más de 100 hectáreas en la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe.

Del mismo modo, se obtuvo información que el alcalde habría comprado dos máquinas cosechadoras que en el mercado cuestan más de 250 mil dólares y para no figurar como dueño, las habría registrado a nombre de sus empleadas domésticas que laboran en una de sus viviendas del caserío Sime en Pítipo.

Asimismo, al alcalde se le atribuye haber pagado con dinero de la comuna a uno de sus empleados que trabaja como criador de cerdos en su granja. Se trata de Harrinson Hoyos Cajo quien habría cobrado mediante recibo por honorarios como si fuera un trabajador municipal.

Otra situación aún más grave por la que se le investiga a Muro Távara es el desvío de 2 millones de soles que estaba programado en el 2014 para financiar un programa de seguridad ciudadana. Los denunciantes informan que en la comuna nadie sabe en qué se gastó.

Otro hecho irregular que se ha incluido en la denuncia contra el alcalde es haber contratado como trabajadoras de la comuna a mujeres con las que mantendría una relación sentimental. Roxana Manayay Díaz en el programa Vaso de Leche y Mirian Magdalena Hoyos Córdova como secretaria en la Gerencia de Equipo Mecánico.

Por último, al alcalde se le imputa haber utilizado a uno de sus presuntos testaferros, Iván Estuardo Riquero Saldarriaga, para cobrar por servicios prestados a la municipalidad.

Diario Correo buscó ayer al burgomaestre Jacinto Muro en la municipalidad de Ferreñafe, pero uno de sus trabajadores negó su presencia a pesar que en los exteriores del palacio edil estaba estacionada la camioneta con la que se traslada diariamente.

IMPUTADOS. En la lista de funcionarios implicados, figura el gerente municipal Pablo Martín Gutiérrez Carmona, quien a pesar de percibir la suma de 2 mil soles mensuales, habría adquirido una combi valorizada en 180 mil dólares (con línea para cubrir la ruta Ferreñafe - Chiclayo), un automóvil último modelo, una moto deportiva y un terreno en la ciudad de Olmos.

Otro de los investigados es Luis Gustavo Demetrio Plaza Arbulú, quien labora como asesor en la Procuraduría Municipal. Sus ingresos no superan los mil soles; sin embargo habría comprado un terreno de 50 hectáreas en Olmos, un hotel y una vivienda valorizada en 150 mil dólares.

También sobresale en la lista de imputados, el jefe de Recursos Humanos, Rufino Marcial Bonilla Acosta, quien también habría adquirido un terreno de 50 hectáreas en Olmos y una minivan que se encuentra registrada a nombre de su hija Paola Beatriz Bonilla Martínez.

Los denunciantes resaltan el hecho de que Bonilla Acosta es representante de la empresa constructora Corona y ha ganado diversas licitaciones de la municipalidad de Chiclayo durante la gestión del encarcelado exalcalde Roberto Torres por más de 8 millones de soles.

Otro de los investigados que sobresale es Vilibardo Antonio Mori Gastulo, trabajador estable de la comuna, que habría construido dos modernas piscinas y comprado un grifo en Pítipo invirtiendo la suma de 50 mil dólares. Según la denuncia, este funcionario que labora como chofer del alcalde se apropiaría de la dotación de combustible para dotar a sus vehículos de transporte público.

Le sigue en la lista Winston Rolando Salazar Gonzales trabajador del área de Abastecimiento, sería quien decide las compras que efectúa la comuna, cobrando “diezmos” para el alcalde y su beneficio propio. Habría adquirido propiedades como terrenos en Olmos, dos carros y una minivan que cubren la ruta Ferreñafe - Chiclayo.

Jorge Alberto Muro Carrasco, trabajador cesante de la comuna, también ha sido incluido en la denuncia porque fungiría como funcionario y se encargaría de falsificar la firma del alcalde cuando él no está presente.

Por último, resalta la abogada Rosa Magali Montenegro Serquén, quien labora en la Procuraduría Municipal. Según la denuncia, ella habría pagado 100 mil dólares para adquirir un terreno en Olmos. Además se le atribuye hacer los trámites al alcalde y sus funcionarios con la finalidad de sanear física y legalmente sus propiedades que adquieren y buscar más testaferros.

Todos ellos han sido citados por la fiscalía para declarar desde el 19 hasta el 28 de enero del próximo año.