Vigilando la entrada principal, los recicladores se aferran al negocio que por décadas generaron con la basura. Aunque la Municipalidad de Chiclayo ha dispuesto su clausura, no ha elaborado un plan para recuperar el lugar. Los cerros de desperdicios siguen generando metano y amenazan la salud de las personas. (Foto: Jhonatan Yamunaqué)
Vigilando la entrada principal, los recicladores se aferran al negocio que por décadas generaron con la basura. Aunque la Municipalidad de Chiclayo ha dispuesto su clausura, no ha elaborado un plan para recuperar el lugar. Los cerros de desperdicios siguen generando metano y amenazan la salud de las personas. (Foto: Jhonatan Yamunaqué)

De lejos, el botadero más grande del Perú parece una masa humeante, como la superficie de un volcán cuando se apaga por completo. En uno de sus extremos, esa especie de neblina que en realidad es el humo provocado por la combustión de basura, impide reconocer la línea de los cerros.

En el lado opuesto, se ven cientos de vehículos cruzando el puente de la Panamericana Norte, la carretera por donde se puede viajar de a otras regiones del Perú.

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Ese puente es el acceso principal al botadero; pero con cada paso, es fácil sentirse desorientado entre tantos desperdicios. Y sobre todo, reducido en peso y tamaño.

Al caminar por allí, alguien de poco más de metro y medio de estatura puede notar que la basura acumulada sobrepasa esa profundidad.

Los residuos se cuentan por toneladas a lo largo de 307 hectáreas que tiene el botadero, de acuerdo al Ministerio del Ambiente (Minam).

En Reque, el alcalde Julio Huerta opina distinto y cree que el terreno superaría las 400 hectáreas. Además de su extensión, no está claro el tiempo que tiene funcionando este vertedero informal.

Un documento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad que depende del Minam, declaró en 2015 que a lo largo de más de 50 años recibió los residuos generados por los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, y por supuesto, Reque. Desde ese año, se sumaron las municipalidades de Zaña, Lagunas, Nueva Arica y Puerto Eten.

A partir del 1 de julio, sin embargo, el acceso al botadero está bloqueado por una tranquera que colocaron los recicladores que han trabajado allí por décadas.

La decisión de quedarse en el botadero fue tomada después que funcionarios de la municipalidad de Chiclayo les anunciaran que, por orden de OEFA, se debía ejecutar el cierre definitivo y prohibir que el resto de distritos lo siga utilizando.

Al poco tiempo, los camiones de las municipalidades dejaron de llegar, mientras que a un costado de la tranquera se colocó una pequeña carpa con palos y trozos de tela. La bandera que ahora tiene atada advierte que el botadero todavía es dominio de los recicladores.

Antes que OEFA exigiera el cierre, Francisco Sánchez, uno de los recicladores, me permitió hurgar en su trabajo. Vestido con una casaca oscura y pesada, este hombre de voz áspera me explicó –en una visita anterior– las reglas básicas que rigen en el botadero.

Para él, la rutina se extendía de lunes a sábado. Aunque llegaba a las 6 de la mañana, sabía que a esa hora la basura de los camiones municipales ya estaba en el espacio que cada reciclador tiene asignado.

En un área tan extensa, esos espacios solo se distinguen por la presencia de los recicladores y por las viviendas instaladas muy cerca de ellos.

Mientras hablaba con Francisco, más camiones llegaban al botadero.

Los vehículos de gran volumen (volquetes o compactadoras) rodaban como juguetes entre todos los desperdicios. De su interior, caían con fuerza las bolsas de plástico, mezcladas algunas veces con materiales de construcción, a un piso formado por capas gruesas de basura.

“No tengo tiempo (de hablar)”, reclamó uno de los recicladores que acompañaba a Francisco durante mis primeras visitas. En todo el tiempo que estuve cerca, solo se dedicaba a jalar con un rastrillo las bolsas de plástico que estaban amontonadas como un cerro.

Luego comprendí su impaciencia: a Francisco –y es probable que a él también– le tomaba diez horas obtener una ganancia máxima de S/50 con los materiales que rescataba de la basura. Otros días, el dinero solo sumaba S/40.

Segundo Carrero, un reciclador más joven, calculaba que cada día ganaba entre S/30 y S/35 netos.

Luego de estacionar su moto carguera, se colocaba encima otra ropa ligera –la que estaría en contacto con la basura entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde–, un par de botínes negros y un gorro para aguantar el sol.

“Lo que más podemos sacar es chatarra. Porque el plástico, cartón, papel, lo ‘chalean’. O sea, los de la municipalidad se lo llevan para vender como mercadería”, me explicó Segundo antes de empezar a trabajar.

El mal olor de la descomposición, las moscas o los gallinazos no eran una distracción para los recicladores. Sin embargo, les incomodaban las fotos porque estaban hartos de los periodistas que se acercaron a interrogarlos en todo estos años.

Ningún reciclador imagina que sobre el botadero se arrojaron 355,312 toneladas de basura en 2021 y un año antes, 1′057,769 toneladas, de acuerdo a datos del Minam.

El último informe de OEFA, de junio de este año, dice que por día se depositaron alrededor de 300 toneladas de residuos de todo origen.

Ahora que los camiones municipales ya no ingresan al botadero, ese cálculo debió detenerse. Sin embargo, desde la tranquera en la que me ubiqué se puede ver que hay basura nueva y que los recicladores continúan trabajando.

Promesas que fracasaron

En 2019, tras la captura del exalcalde David Cornejo Chinguel, la Cooperación Suiza decidió retirar su participación del proyecto “Chiclayo Limpio” con el que pretendió ayudar al municipio provincial a mejorar la disposición y manejo de la basura generada por los vecinos de Chiclayo y otros distritos.

El proyecto incluyó la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos, con la finalidad de reducir costos en el traslado de la basura hasta un relleno sanitario, pero la empresa que ganó el contrato (Constructora CRD Sucursal Perú) edificó menos del 30% antes de febrero de ese año.

Poco antes del fracaso del proyecto, Mirtha Gonzáles -entonces asesora de la Constructora CRD- declaró ante la Fiscalía que la empresa había pagado coimas para ganar sin dificultades la licitación para la construcción de la planta.

Este escándalo de corrupción empujó a la Cooperación Suiza a dejar de financiar el proyecto “Chiclayo Limpio”, logrando recuperar S/11′360,387 mientras que la municipalidad aún mantiene una deuda de S/2′024,672 por saldos pendientes de la ejecución de esta obra.

Con la salida de la Cooperación Suiza, también se frustró el intento de convertir el botadero de Reque en un relleno sanitario. A pesar de eso, las autoridades siguieron creyendo que el exceso de basura era un problema que solo se podía resolver con muchísima inversión.

En 2021, el Minam pagó más de S/10 millones para un nuevo proyecto –la construcción de una celda transitoria, a unos kilómetros del botadero–, pero esto no ha solucionado la contaminación generada por la basura.

El nombre puede sonar extraño, sin embargo, una celda transitoria permite encapsular los desechos bajo tierra, para evitar que emitan gases nocivos al aire y al suelo.

Su creación fue posible porque el ministerio declaró en estado de emergencia cinco de los distritos que usaban el botadero y en 2019, la Fuerza Aérea del Perú donó a la municipalidad de Chiclayo un terreno de 400 hectáreas. Todo el sistema de la celda transitoria ocupa actualmente el 10% de esa área.

En el sistema, se aplica el método Fukuoka para reducir la producción de metano, un gas de efecto invernadero. “El metano es uno de los gases que tienen más impacto al medio ambiente”, explica Marcos Alegre, ingeniero y presidente del grupo GEA.

En la celda, existen chimeneas para captar los gases que producen algunos residuos cuando se descomponen, y así reducir la contaminación al suelo y aire.

Sus diez hectáreas de extensión se parecen a una lata de sardina abierta, cuyo fondo está cubierto por una geomembrana, muy similar a una bolsa de plástico negra.

Todo el espacio está dividido en cuadrantes, y cada uno sirve para arrojar la basura. Para poder acumular la mayor cantidad de desechos, la basura tiene que ser aplastada con un tractor oruga.

Cuando ya se ha convertido en una capa delgada y lo más homogénea posible, se espolvorea el material que se extrae de la cantera –ubicada a un extremo de la celda– hasta cubrirla por completo. Luego se repite todo este proceso con otro lote de basura de manera que nunca quede expuesta.

Gino Chanamé Díaz, funcionario de la Municipalidad de Chiclayo, reconoce que todos los cuadrantes de la celda ya están rellenos con una primera capa. Sentado en una pequeña oficina del municipio, el biólogo afirma que pueden llegar a completar dos niveles más en un año o año y medio.

Paola Zabarburú, jefa del OEFA en Lambayeque, cree que la celda dejará de servir antes de los tres años que se anunciaron, y tiene más de un argumento para decirlo.

Quizás el más importante son los tropiezos que tuvo este proyecto luego de ser inaugurado por el Minam, en mayo del año pasado.

Durante los primeros diez meses, la celda fue usada únicamente por la Municipalidad de Chiclayo, pero esta no tenía suficientes vehículos para encapsular la basura. De acuerdo con un acta que firmaron la Policía y un juez de paz el 27 de octubre del 2021, en una inspección se encontró la celda cerrada y sin personal trabajando.

Meses después, un equipo de la Contraloría verificó que solo se podía usar un tractor oruga mientras otro estaba en reparación.

En su informe, esta entidad de control recomendó que la municipalidad adquiriese dos o tres tractores oruga, un rodillo compactador, dos cargadores frontales, dos volquetes y dos minicargadores para cumplir con todas las operaciones de la celda.

Gino Chanamé se escuda en que la inversión del Minam no incluyó la compra de tractores oruga ni otra maquinaria, y dejó esta tarea al municipio. “Lo que hemos hecho es ubicar un tractor oruga que era nuestro y ponerlo operativo. Ese tractor estuvo sin funcionar diez años. (...). Obviamente, cuando recuperas una máquina, no está al 100% porque siempre salen fallas nuevas. Eso también nos afectó”, admite.

“Un tractor oruga nuevo, operativo al 100%, no es barato. Estamos hablando de medio millón de soles, aproximadamente. Un cargador frontal, 200 mil soles”, agrega.

El municipio prefirió comprar diez compactadoras para recoger la basura dejada en las calles en lugar de maquinaria nueva para la celda.

El segundo argumento del funcionario municipal es que el material que se encontró en la cantera era inservible: después de esparcirlo sobre la basura, ni el camión oruga ni el rodillo eran capaces de convertir los residuos en un piso compacto.

Para Chanamé, se trata de un problema en el diseño del proyecto, del cual responsabiliza al Minam. Por ahora, la municipalidad ya encontró una solución al reemplazar ese material con la tierra de cultivo o arcilla arenosa que existe a lo largo de la Panamericana Norte.

De cualquier manera, el 19 de abril de este año, un mes después de que los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque y Zaña pudieron ingresar a la celda, un recorrido por la zona demostró que no se estaba compactando la basura por falta de camiones y de material para cubrirla. “Al ritmo que se va trabajando, a fin de este año ya habrá colapsado”, advirtió un documento firmado por tres de esas municipalidades.

El OEFA también comprobó que la celda se había convertido en otro botadero. “Los residuos sólidos no eran esparcidos, compactados ni cubiertos”, dice Paola Zabarburú. A eso se suma otro inconveniente: “La idea no es que todos los residuos vayan a la celda, sino lo mínimo. Para eso, las municipalidades deberían aplicar el programa de segregación de fuente o aplicar una economía circular. Eso aseguraría que el tiempo de vida de la celda llegue a los tres años”, señala la titular de OEFA.

Segregar la basura, es decir, agruparla por su origen o características, es algo que tampoco cumplen las municipalidades.

En medio de todo este desorden, el vertedero de Reque siguió funcionando. Los municipios seguían arrojando allí los desechos de sus vecinos: 1′657,965 toneladas entre 2019 y 2021, según el registro del Minam.

Y aun hoy, en que supuestamente está cerrado, el botadero continúa generando metano debido a que todavía existen residuos orgánicos enterrados o al aire libre, advierte Marcos Alegre.

Los científicos han demostrado desde hace más de 40 años que los gases de efecto invernadero –como el metano y el dióxido de carbono (CO2)– causan el cambio climático y pueden provocar la desaparición de glaciares, pero ninguna autoridad de Lambayeque está discutiendo cómo detener las emisiones de metano en el botadero más grande del Perú.

¿Hay futuro?

En los archivos de OEFA del último quinquenio, no existe un Informe de Monitoreo Ambiental sobre el botadero de Reque. El más reciente fue publicado en diciembre del 2015 y recomendó su clausura y la recuperación de todas las áreas degradadas por el precario manejo de los residuos.

En las primeras páginas del documento, el órgano de fiscalización menciona que más del 70% de todos los desechos colocados allí fueron quemados. La incineración sirve para seguir acumulando basura, según sostiene el Minam, porque permite reducir su volumen.

Lo que queda del fuego es en su mayoría ceniza oscura y maloliente, aunque sus efectos sobre la calidad del aire son irreversibles por las emisiones de carbono negro (BC), un contaminante que también contribuye al cambio climático.

Algunos recicladores dicen que la incineración permite sacar metales de la basura (cobre, bronce, aluminio) y que otras veces, los camiones municipales botan material humoso, capaz de prender fuego a los otros desperdicios que están cerca.

Segundo Carrero pide que no se culpe a todos los recicladores de quemar la basura. “Nosotros sabemos que es una gran contaminación para el medioambiente. (...) En varias oportunidades, hemos intentado apagar (el fuego) pero es imposible con el aire. Si se prende una bolsa, en treinta segundos, ya están diez metros con candela (...) Antes, cuando trabajábamos al fondo (del botadero), se quemaba bastante. Llamábamos a los bomberos pero nadie venía”.

Segundo y Francisco no recuerdan haber sufrido enfermedades en sus años entre la basura. Sin embargo, un informe de supervisión de OEFA, de mayo pasado, sugirió que el botadero “estaría generando una afectación directa” a los recicladores y operarios de los camiones municipales por la producción de monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

Hace siete años, los análisis de las muestras tomadas para el Informe de Monitoreo Ambiental que recomendó el cierre del botadero ya habían advertido que este superaba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

Los resultados de ese mismo informe señalan que también excedía los parámetros de cadmio, cromo y plomo. Esto revela que el suelo del botadero no puede ser usado para agricultura u otra actividad productiva.

El otro efecto es que los recicladores y el resto de trabajadores que han permanecido en él por un tiempo prolongado pueden sufrir infecciones respiratorias agudas. Desafortunadamente, hasta ahora no se han realizado estudios sobre la salud de los recicladores del botadero.

Lo que es más incierto es la forma en que se recuperarán las áreas degradadas del botadero. Tal como estipula la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Municipalidad Provincial de Chiclayo es responsable de ejecutar la recuperación de las áreas degradadas, con el apoyo de los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque y Zaña.

Debido a que el vertedero de Reque no es el único que existe en el país, el 12 de julio del 2019 el Minam lanzó una guía técnica para ayudar a las municipalidades a elaborar sus planes de recuperación.

El plan debe incluir estudios básicos del área degradada y un proyecto de inversión que considere la cobertura y confinamiento de los residuos y el manejo de gases tóxicos, entre otros detalles.

Pero la Municipalidad de Chiclayo indicó a OEFA, en un informe presentado el 19 de enero de este año, que antes de iniciar un proyecto de inversión necesitaba desalojar a los recicladores.

Paola Zabarburú advierte que esta propuesta no se ajusta a la guía técnica y cuestiona que el municipio pretenda condicionar la recuperación de las áreas degradadas a la salida forzada de los recicladores.

En su defensa, Gino Chanamé afirma que la intención del municipio fue comprometer al resto de gobiernos locales involucrados para que ya no enviaran sus camiones al botero sino a la celda transitoria. Ese sería el punto de partida para a cumplir con el cierre y la recuperación.

El funcionario remarcó que se han limpiado algunos accesos del botadero y se ha enviado personal para que impida el ingreso de más basura, pero terminó reconociendo que, hasta ahora, solo se han hecho intentos.

El botadero no ha sido clausurado por completo porque la municipalidad no ha llegado a un acuerdo con los recicladores para que abandonen el lugar. Sin eso, le resulta muy complicado ejecutar un plan de recuperación.

¿Pero qué propone hacer la municipalidad si es que logra recuperar el control del botadero? Gino Chanamé respondió que sobrevolarán el terreno con drones e identificarán los puntos donde se acumula más basura.

Después de eso, se “aislarán” los desechos para cubrirlos con arena y otros materiales que hay en la zona. El resultado sería la transformación del botadero en un suelo árido, según el funcionario.

Marcos Alegre, quien fue viceministro de Gestión Ambiental entre 2016 y 2018, menciona que el plan de recuperación debería incluir la instalación de chimeneas para eliminar el metano y otros gases contaminantes. Por ahora, la municipalidad de Chiclayo no tiene listo su plan de recuperación. Los dos años que tuvo desde la publicación de la guía técnica no fueron suficientes y, gracias al Decreto Supremo N° 001-2022 del Minam, tiene hasta enero del 2025 para presentarlo a OEFA.

Si excede ese plazo, será sancionada con una multa de hasta 720 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes este año a S/3′312,000.

Gino Chanamé dice que los recicladores habían solicitado una prórroga de seis meses para dejar el botadero, pero la municipalidad no aceptó. Algunos de ellos esperaban trabajar en la celda transitoria, pero eso no es posible por su diseño y sus características.

En la última conversación que tuve con Francisco Sánchez, su voz en el teléfono hacía evidente su enojo. “Quieren cerrar el botadero pero no lo vamos a permitir porque.. ¿cuántos años tenemos trabajando aquí?...”.

Hace algún tiempo, su compañero Segundo se preguntaba si había llegado el momento de buscar otro trabajo. “Ya sabemos que van a cerrarlo. Hace como diez años que nos dicen lo mismo, pero hasta el momento no pasa nada”, dijo. Esta historia fue producida gracias al apoyo del Programa Historias Saludables de Salud con Lupa.