Lambayeque: Piden destituir a cuatro jueces

La jefa suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ), Ana María Aranda Rodríguez, propuso ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la destitución de cuatro jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA).

Se trata de los magistrados Ricardo Ponte Durango, Franklin Rodríguez Castañeda, Miguel Ángel Lozano Gasco y Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra, quienes afrontaron un proceso disciplinario por presuntas irregularidades que les resultó adverso.

ORDEN. En su resolución, la titular de la OCMA sostiene que los magistrados incurrieron en graves irregularidades, entre las que se encuentra la falta de motivación de sentencias que emitieron cuando se desempeñaban como vocales de la Sala Penal Liquidadora Permanente.

Durante la investigación, se detectó que incluso los jueces establecieron reducciones de penas por debajo de los límites legales permitidos en procesos penales por delitos graves y de gran trascendencia social, como son los casos de delitos contra el patrimonio (robo agravado) y contra la libertad sexual (violación).

“Esta vulneración a la motivación se produjo también en el desarrollo de un proceso por Tráfico Ilícito de Drogas , en el cual se varió el mandato de detención por uno de comparecencia del procesado”, dio a conocer la OCMA a través de un comunicado.

Por tales motivos, la jueza suprema Ana María Aranda concluyó que los referidos magistrados, con la emisión de sus resoluciones, “han generado la perturbación del servicio de impartición de justicia, al permitir que autores de graves delitos hayan sido favorecidos, afectando a la sociedad”.

Como se recuerda, fueron más de 20 jueces los que afrontaron un proceso disciplinario por haber emitido resoluciones que resultaron favorables para presuntos integrantes de la organización criminal “La Gran Familia”.

La mayoría interpuso un recurso de reconsideración pidiendo ser apartados de la investigación. En su defensa alegaban que solo aplicaron el principio de proporcionalidad que establece la legislación vigente, debido a que muchos de los imputados eran casi adolescentes.