Lambayeque: Primeros hallazgos de auditoría en azucarera

En la región Lambayeque, durante el segundo mes de auditoría financiera en la Empresa Agroindustrial Tumán, la cual fue solicitada por el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz a la nueva administración judicial encabezada por Marcelino Llontop Suyón, se han encontrado algunos comprobantes que están siendo observadas por los especialistas.

Como se sabe, el Grupo Oviedo asumió la administración judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán en el mes de junio del año 2006 hasta el mes de septiembre del 2015.

Es durante este periodo que la empresa auditora Vera Asociados viene realizando la pericia financiera a solicitud del juez Erick Frank Pérez Alquizar, titular del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz.

LOS VALES. Correo tuvo acceso a estos comprobantes, entre otra documentación, en donde se puede observar nombres de personajes conocidos en el ambiente jurídico local y nacional.

La razón de que los nombres de reconocidos abogados aparezcan en estos comprobantes es porque, en su momento, brindaron asesoría legal a la administración judicial de esta azucarera que encabezaba Segundo Ordinola Zapata.

Aquí vale recordar que Segundo Ordinola formaba parte de la administración judicial, a propuesta del empresario Edwin Oviedo Picchotito, según lo dijo a conocer, en una entrevista a Correo, el abogado José Carlos Isla Montaño.

Siguiendo con el caso de los vales observados por los auditores, Correo detectó que los abogados pasaron a formar parte del Poder Judicial, y ya en su actuación como magistrados emitieron fallos a favor de su exempleador, es decir, de la administración judicial del Grupo Oviedo. Veamos los casos:

Primer caso. Uno de los extrabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán es el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, quien actualmente es investigado en el caso de “Los Limpios de la Corrupción” por presuntamente favorecer al encarcelado exalcalde Roberto Torres Gonzáles.

Correo tuvo acceso a un recibo por honorarios que emite Gerardo Eto Cruz, con R.U.C N° 10178025941, de fecha 07 de Marzo del 2007, en donde la Empresa Agroindustrial Tumán le entrega la suma de 8 mil 250 soles por concepto de asesoría legal a la empresa. Todo ello cuando Eto Cruz ejercía la abogacía. Tiempo después, Gerardo Eto Cruz pasó a integrar el Tribunal Constitucional.

Una de las sentencias en donde el exmagistrado emitió voto favorable para la administración judicial de EAI Tumán, presidida por Segundo Ordinola Zapata, se ve plasmada en el expediente del TC N° 2204-2010.

En esta sentencia el trabajador azucarero José Hipólito Quiróz Aguilar presentó un recurso de agravio constitucional porque en dos instancias no se ejecutó una medida cautelar de embargo a su favor.

Esta medida cautelar se la ganó a la azucarera Tumán en un proceso judicial sobre cese de actos de hostilidad (Expediente N° 2001-252) en donde se le ordenó el reintegro de su remuneración percibida.

El fallo de TC fue finalmente favorable para el trabajador azucarero José Quiróz, pero por mayoría del pleno del TC, pues hubieron cuatro magistrados que votaron a favor y tres en contra, en este último grupo figura el entonces magistrado Gerardo Eto Cruz.

Existe un fallo similar. Nos referimos al expediente N° 542-2009, en donde el trabajador Luis Guillermo Yaipén interpuso una acción de amparo.

El azucarero también solicitaba se ejecute una medida cautelar de embargo por el cobro de beneficios sociales a la Empresa Agroindustria Pomalca, la cual continúa a la fecha en manos del Grupo Oviedo.

En esta sentencia también el exmagistrado Eto Cruz votó por declarar infundada la acción de amparo junto a cuatro integrantes más del TC.

Correo intentó comunicarse con el exmagistrado Gerardo Eto Cruz pero no se logró el contacto telefónico.

Caso 2. Similar situación se desprende al revisar los recibos por honorarios del magistrado Juan Lara Contreras.

Según los comprobantes que obran en poder de Correo, durante los años 2007 y 2008, Juan Lara Contreras, cuando ejercía la abogacía, emitió diversos recibos por honorarios a la Empresa Agroindustrial Tumán con R.U.C N° 10166482033 y cobró aproximadamente 151 mil soles por asesoría legal.

El mencionado abogado, tiempo después pasó a formar parte de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y, al igual que el exmagistrado Gerardo Eto Cruz, también emitió fallos favorables al Grupo Oviedo.

Así tenemos que, el juez Lara Contreras tuvo participación en el expediente N° 4993-2009, como vocal de la Primera Sala Civil (que hoy preside), en donde se resolvió un cambio de medida cautelar de embargo a favor de la empresa D’ Líbano, hoy ligada al empresario Edwin Oviedo, según la Fiscalía.

En este caso, la empresa D’ Libano solicitó una medida cautelar para pasar a administrar judicialmente la azucarera Tumán, alegando que dicha empresa le tenía una deuda de 25 millones 750 mil soles. El juez Juan Lara declaró fundado este pedido.

Con esta sentencia se revocó la resolución N° 9, donde se declara improcedente la variación de medida cautelar solicitada por la empresa D´Libano.

Correo logró entrevistarse con el magistrado Juan Lara Contreras, quien reconoció haber trabajado para la Empresa Agroindustrial Tumán brindando asesoría legal.

Además, sostiene que la Ley N°29277 establece que solo durante el plazo máximo de año un magistrado debe inhibirse en casos donde a una de las partes hayan patrocinado como abogados. Dejando en claro que su actuación como juez en el caso aludido fue posterior a dicho plazo.

Además, Lara Contreras señaló que, en su momento, la resolución en cuestión fue observada por la Oficina Desconcertada de Control de la Magistratura (Odecma), pero aclara que no se detectó ninguna irregularidad.

“Esto ya fue objeto de un pronunciamiento por parte de la Odecma en dos oportunidades y además esa resolución no fue apelada, quedando como firme y con carácter de cosa decidida” concluyó el juez.

Otro caso. Una de las deudas que ha sido observada por el grupo de auditores que trabaja en la azucarera Tumán, por disposición del Poder Judicial, es la de 6 millones de dólares.

Fuentes de Correo indicaron que esta deuda fue contraída con la empresa D’Líbano por concepto de compra de azúcar que no fue entregada, por la cual se realiza una escritura pública de reconocimiento y aceptación del adeudo.

Debido a esta deuda, en el año 2008 el entonces congresista Isaac Mekler Neiman denunció a los administradores judiciales de Tumán, al representante de la empresa D’Líbano, y al empresario Edwin Oviedo por el presunto delito de fraude en la administración.

Mekler Neiman aseguró, en ese entonces, que no existía ningún documento que pudiera sustentar el pago de estos 6 millones de dólares por la compra de azúcar.

Es así que la denuncia pasa a la 31 Fiscalía Provincial Preparatoria de Lima, con la carpeta fiscal N° 411-2008 en donde se pedía como base de la investigación realizar una pericia contable dentro de las diligencias preliminares para poder ver si existía el pago de este dinero.

Inesperadamente, semanas después, el caso fue derivado al Distrito Judicial de Lambayeque y recayó en las manos del fiscal Jorge Arteaga Vera, titular en ese entonces de la Primera Fiscalía Provincial Penal.

Para sorpresa de Mekler Neiman, el fiscal Jorge Arteaga Vera decidió no formalizar denuncia ni continuar con las investigaciones (archivó el caso); muchos menos dispuso realizar la pericia contable para saber sobre el verdadero destino de los 6 millones de dólares que, según D’ Libano, se le adeudaba.

Hoy en día, ya en su actuación como fiscal superior, el magistrado Juan Arteaga también ha emitido un fallo en un caso de investigación en torno al manejo de la Empresa Agroindustrial Tumán.

Nos referimos al caso Tumán, donde hace poco el magistrado aludido se pronunció sobre una solicitud hecha por José Carlos Isla, abogado del empresario investigado Edwin Oviedo.

Arteaga Vera atendió la solicitud de Isla Montaño y dispuso que el caso Tumán pase a ser investigado por el fiscal coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, Javier Quiroz Grosso, y no por el magistrado Juan Carrasco Millones.

No obstante, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Giovanna Del Río Carreño, dispuso que el caso sea devuelto a Carrasco Millones, quien tiene a su cargo investigaciones emblemáticas, como el caso “Los Limpios de la Corrupción” y “La Gran Familia”.

Correo intentó contactar al fiscal Jorge Arteaga Vera, sin embargo, se negó a atendernos, alegando “recarga laboral”, según nos indicó el empleado del Ministerio Público, Enrique Cárdenas.