La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque anunció que iniciará acciones legales contra los integrantes del comité de selección de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), luego de que la Contraloría General de la República detectara presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento eléctrico del campus universitario.
Auditoría revela deficiencias en proceso de selección
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 019-2025-2-0205-AC, elaborado por la Contraloría, detalla que los hechos ocurrieron entre agosto y octubre de 2023. En ese periodo, el comité de selección adjudicó al Consorcio Ejecutores Peruanos el contrato para el mantenimiento y acondicionamiento eléctrico del sistema de iluminación de las vías internas del campus, por un valor superior a S/ 3.4 millones.
El comité estuvo presidido por Alfonso Fiestas Elías, con Juan Carlos Luna Piscoya como primer titular.
Empresa favorecida no cumplía con requisitos técnicos
Según la auditoría, durante la evaluación de propuestas, los miembros del comité asignaron puntajes no ajustados a los requisitos técnicos, validando además la oferta de un postor que no acreditó la experiencia específica exigida en las bases del concurso.
Asimismo, se detectaron fallas en la etapa previa al proceso. La Unidad de Abastecimiento, responsable de la indagación de mercado, habría solicitado cotizaciones sin remitir los términos de referencia completos ni adjuntar estructuras de costos adecuadas, lo que habría originado un valor referencial desfasado respecto al costo real del servicio.
Procuraduría alista denuncia por colusión y otros delitos
Estas irregularidades, según la Contraloría, vulneran los principios de legalidad y trato justo establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Por ello, la Procuraduría Anticorrupción presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La denuncia buscará determinar si los funcionarios incurrieron en delitos como colusión o negociación incompatible, y exigirá una reparación civil a favor del Estado.
Las investigaciones preliminares se realizarán en coordinación con la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios (Dircocor) y el Ministerio Público.
