Lambayeque: Se define juicio para “Los Sicarios de La Victoria”

El juicio contra la presunta red criminal “Los Sicarios de La Victoria”, quedó definido. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo aprobó ayer el último requerimiento de acusación contra uno de los implicados.

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Con esta decisión serán en total 13 los sujetos que irán al banquillo por los delitos de sicariato y reglaje, extorsión, tráfico de terrenos y tenencia ilegal de armas de fuego.

Cabe anotar que el fiscal a cargo del caso, Luis Jaramillo Cubas sustentó desde el mes de marzo diferentes requerimientos de acusación contra los investigados.

Según la pesquisa, “Los Sicarios de La Victoria” ejecutaron sus planes criminales entre los años 2016 y 2017.

Las autoridades los capturaron por los graves indicios que los relacionaban con el asesinato de la madre de familia, Anita Angélica Rivas Aceña, ocurrido en el pueblo joven Santa Teresita del distrito de La Victoria.

La mujer recibió 13 impactos de bala y durante este hecho resultó herido de gravedad su hijo, Julio Ricardo Gonzales Rivas.

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Integrantes

La organización criminal fue liderada desde el penal de Chiclayo por Denis Jeovany Rengifo Morales, (a) ‘Cara de Bebe’, quien fue colaborador de la red delictiva ‘La Gran Familia’.

Las pruebas que reunió el fiscal Jaramillo advierten que los investigados actuaron de forma organizada y concertada para ejecutar diversos actos delictivos en agravio de aquellas personas que se oponían a sus intereses lucrativos.

También serían responsables de atentados contra los representantes legales de las empresas contratistas que ejecutaron obras en Pomalca y Chiclayo.

Denis Rengifo era el encargado de ordenar y conducir los planes criminales, siempre con el apoyo de su hermano Jhon Anderson Rengifo Morales y de Yvony Aydee Gutiérrez Flores.

En el crimen de Anita Rivas, el también imputado Antony Sunción Villacorta fue el intermediario entre ‘Cara de Bebe’ y el sicario Yordan Alexis Saldaña Salinas, quien ejecutó los disparos contra la víctima.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público van desde los 17 años de cárcel hasta los 35 años, y cadena perpetua a quienes tienen antecedentes.