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A pesar de estar prófugo de la justicia, por existir una orden de captura en su contra, al ser sindicado de ser cabecilla de la organización criminal “La Gran Sangre del Norte” o “La Nueva Gran Familia”, Robinson Maguin Castro (a) “Tayca”, se daría el lujo de enviar emisarios para atemorizar y amenazar de muerte a quienes declararon en su contra en .

Fuentes del Ministerio Público revelaron que los agraviados son José Jobino Huamán Yaspana (48), presidente de la Asociación Provivienda Wilmer Fernández Malca, y Ana Blanca René Minguillo (42), presidente del Asentamiento Humano Nadine Heredia, quienes desde la captura de los presuntos integrantes de “La Gran Sangre”, reciben amenazas de muerte en su contra.

TEMOR. Se informó que estas dos personas, temiendo por sus vidas, han viajado a Lima y han puesto de conocimiento las amenazas a la Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada, que investiga a la presunta red criminal, con el objetivo de que les brinde protección.

Para ello, tanto José Huamán Yaspana, como Blanca René Minguillo, en una conocida notaría de Lima, han redactado en una carta individual, las constantes amenazas que vienen siendo víctimas.

“Desde la captura de los integrantes de “La Nueva Gran Familia”, venimos siendo amedrentados en nuestras viviendas, donde hemos recibido manuscritos de muerte. Esto a raíz de que nuestros nombres han salido publicados en los diferentes medios de comunicación de Chiclayo, en Lambayeque. Los vamos a matar por soplones, nos advierten”, se puede leer en una de las cartas notariales enviadas a la fiscalía.

Pero no solo eso, sino que además en las misivas los dos dirigentes reafirman que venían siendo extorsionados por Robinson Maguin Castro Torres, Santos Gelacio Mayra y Cristian Jackson Novoa Miñope, quienes le solicitaban 10 mil soles mensuales para no desalojarlos de sus lotes, añadiendo también que desconocían la identidad de los demás acompañantes.

“Pedimos que salvaguarden nuestras vidas”, refieren los agraviados en las cartas notariales.

PROTECCIÓN. Al ser consultado sobre las amenazas que vienen recibiendo los dos testigos que ayudaron a la captura y desarticulación de “La Gran Sangre del Norte”, el fiscal Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada, José Luis Huarhua Ortiz, indicó que este tipo de información es reservada, sin embargo el Ministerio Público cuenta con una Unidad de Protección de Víctimas y Testigos y ellos son los encargados de velar por la integridad de los colaboradores con la justicia.

“Hay que analizar esos temas, casos concretos. Estas amenazas se presentan con declaraciones juradas. Tienen que seguir su cauce regular”, manifestó el fiscal.

CONTUNDENTES. Según la resolución de prisión preventiva de 18 meses, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, las imputaciones de Ana René Ortiz Minguillo y José Huamán Yaspana fueron contundentes para que los 12 integrantes de “La Nueva Gran Familia”, capturados el pasado 21 de marzo en un megaoperativo en Chiclayo, sean enviados a la cárcel.

También la imputación de un testigo clave con identidad reservada fue determinante para que los jueces, Richard Concepción Carhuancho y Zaida Pérez Escalante, declaren fundado la solicitud del representante del Ministerio Público.

ANTECEDENTE. Cuando se encontraban en libertad, los delincuentes de “La Gran Sangre del Norte”, ya intentaron asesinar al dirigente José Huamán Yaspana, luego de enterarse que los había denunciado ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Este atentado se registró el 22 de julio del 2014 en horas de la madrugada, cuando Huamán Yaspana se encontraba durmiendo al interior de su domicilio ubicado en la Mz F, lote 1 del A.H. Wilmer Fernández Malca. Milagrosamente pudo ponerse a buen recaudo y salir ileso del tiroteo.

En aquel atentado, los delincuentes dispararon en cinco oportunidades contra el frontis del inmueble y la puerta principal, causando daños materiales.

En esa ocasión, el dirigente refirió que gente vinculada a la organización criminal “La Gran Familia”, les obligaba a pagar 4 mil soles a cada posesionario de los lotes de terreno, para brindarles seguridad y no ser desalojados.

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