Le embargan predio de S/. 100 mil a Roberto Torres
Le embargan predio de S/. 100 mil a Roberto Torres

El Poder Judicial autorizó que se embargue un terreno de propiedad del suspendido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, ubicado en el distrito de Nueva Arica.

Se trata del predio denominado Dos Corrales de un cuarto de hectárea, que el líder de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, quien se encuentra recluido en el penal exPicsi, habría adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas.

SOLICITUD. Según el requerimiento formulado por el fiscal Sergio Zapata Orozco, el inmueble de Beto Torres se encuentra valorizado en 100 mil soles y su embargo permitirá garantizar el pago de una indemnización a favor del Estado.

“La finalidad de la medida cautelar de embargo es asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito, es decir, el pago de la reparación civil por el ilícito cometido y resarcir el daño ocasionado al Estado”, sustentó Zapata.

La jueza Cecilia Costa Gonzales, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, declaró fundado el pedido del fiscal, disponiendo que “se trabe el embargo en forma de inscripción” con el fin de evitar que Torres pueda disponer de su bien.

De la búsqueda realizada en los Registros Públicos se advirtió que el suspendido burgomaestre, es propietario del referido inmueble con unidad catastral N° 38664; sin embargo, no es el único bien que habría adquirido con dinero mal habido.

COMPRAS. Durante su gestión en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, “El Jefe” realizó otras adquisiciones que no hubiera podido justificar con sus ingresos mensuales; por lo que las habría inscrito a nombre de terceras personas (testaferros).

Así se advierte en los documentos que fueron hallados en su vivienda, como por ejemplo, el contrato de compra venta del lote N°2 de la manzana B de la habilitación urbana Las Villas del Sol, suscrito entre Miguel Arturo Bazán Zárate (exregidor de Manos Limpias y actual consejero regional) y Americ Alexander Alarcón Camacho.

Asimismo, se halló una minuta de compra venta de un terreno ubicado en la manzana 35 del distrito de La Victoria, valorizado en 800 mil soles. Los compradores resultan ser los padres de “El Jefe”, Víctor Leodegardo Torres Paisig y Enma Angélica Gonzales Montenegro De Torres, quienes pagaron como adelanto, la pomposa suma de 500 mil soles en efectivo.

“Se concluye que el dinero habría sido otorgado al comprador en forma ilícita por Roberto Torres, quien en última instancia habría realizado la conducta típica del lavado de activos, llamado ocultamiento”, consta en la carpeta fiscal N° 2447 - 2014.

COLABORADOR. Al igual que dicho predio de 12 mil 806 metros cuadrados, el suspendido alcalde chiclayano, también sería propietario de otros bienes, tal como lo dio a conocer un colaborador eficaz ante la Fiscalía.

Por versiones del testigo clave, se supo que “El Jefe” también adquirió dos departamentos en el centro de la ciudad de Chiclayo, valorizados en 110 mil soles cada uno; los cuales se encuentran a nombre de uno de sus testaferros.

Además, atestiguó que Torres Gonzales adquirió un costoso terreno agrícola en el distrito de Chongoyape. Posteriormente se identificó a un periodista radial como uno de sus testaferros, quien extrañamente, semanas después de la caída de Beto Torres, transfirió bienes a terceras personas.

En la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, donde se investiga a la organización criminal “Los limpios de la corrupción”, se detectó que “El Jefe” y varios de sus secuaces, compraban un bien, pero lo mantenía a nombre del vendedor.

“Lo hacían para posteriormente, cuando dejaran el cargo, lo cambiarían a su nombre, pues tenían en su poder las minutas”, señaló el fiscal Juan Carrasco Millones.

SECRETO. Por otro lado, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil del expolicía Anticorrupción, Joel Ugaz Cubas y de sus respectivos familiares, entre los que figuran sus padres, hermanos, sobrinos, su cónyuge, sus cuñadas y sus suegros.

El requerimiento que fue declarado fundado por la jueza Cecilia Costa Gonzales, también incluye a otras 29 personas, entre ellas a Francisco Sernaqué Silva, quien ejerció el cargo de presidente de la comunidad campesina Santa Rosa durante el periodo 2007 al 2010.

Ambos figuran como socios de la empresa de transporte San Pedro Pescador, la cual dejó de tener licencia desde 1997; sin embargo, fue beneficiada con una resolución de alcaldía con la cual, se le autorizó cubrir la ruta Santa Rosa - Chiclayo.

Además, se le permitió ampliar su flota vehicular con 16 unidades adicionales; cuyos propietarios resultan ser los familiares de Ugaz Cubas y otras personas. “Es necesario establecer cómo han adquirido los vehículos”, sustentó el fiscal Sergio Zapata.

Al referido policía, recluido en el penal de Chiclayo, se le imputa haber asumido investigaciones contra el suspendido alcalde Roberto Torres, pero de manera “deficiente y arreglada”. El día que se allanó su vivienda, se le encontró minutas y constancias de posesión de lotes de terreno de la referida comunidad campesina.

En dichos documentos se advierte que él y sus familiares adquirieron predios; al igual que los policías de la Dircocor, Carlos Demetrio Mosso Carmona y Elmer Pérez Mego, quienes cancelaron montos desde S/. 5 mil hasta S/. 12 mil.