Les levantan secreto de la comunicación y bancario a directivos de la UNPRG
Les levantan secreto de la comunicación y bancario a directivos de la UNPRG

El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como el secreto bancario y tributario de las máximas autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de  sindicados de haberse apropiado de más de dos millones de nuevos soles del erario nacional.

El juez Segundo Adrianzén Cieza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque declaró fundado el pedido que realizó la Fiscalía Anticorrupción para recabar mayores medios de prueba contra los directivos de la UNPRG investigados por el delito de peculado.

La medida se impuso contra el rector de la UNPRG, Mariano Agustín Ramos García; el vicerrector académico, Luis Jaime Collantes Santisteban; el vicerrector administrativo, Leopoldo Pompeyo Vásquez Núñez; el director de la Escuela de Postgrado, Juan Aguinaga Moreno y el exdecano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (Fachse), José Gómez Cumpa.

PEDIDO. En su resolución, el magistrado ordena a las principales empresas de telefonía del país, que informen al Ministerio Público el número de llamadas que realizaron y recibieron los imputados durante el tiempo en que supuestamente se apoderaron de cuantiosas sumas de dinero (2013 y 2014).

Asimismo, el juez dispone que las compañías de comunicaciones indiquen el lugar en que se encontraban físicamente los celulares al momento de realizarse las llamadas y el titular de los números telefónicos con quienes más contacto establecieron los directivos de la citada casa superior de estudios.

Del mismo modo, las entidades financieras deberán informar a la Fiscalía respecto a las cuentas que posea el rector Mariano Agustín Ramos y compañía. Con dicha medida se busca conocer si los procesados poseen cuantiosas sumas de dinero proveniente de actividades ilícitas.

En el plazo más breve posible las entidades bancarias y cajas de ahorro deberán remitir al despacho de la fiscal Magaly Quiroz Caballero un reporte sobre las cuentas, ahorros, depósitos, retiros y transferencias de dinero que los procesados antes mencionados hayan tenido durante los últimos años.

La citada fiscal justificó el pedido señalando que el rector de la UNPRG, Mariano Agustín Ramos y demás imputados “valiéndose de sus cargos gestaron todo un plan para apropiarse del dinero proveniente de los centros de producción que tiene la Escuela de Postgrado y las diversas facultades”.

Precisó que para lograr su cometido, el mentado rector emitió una resolución en la que dispuso la vigencia de una directiva que establece el pago de “asignaciones especiales” por trabajos complementarios; pero que nunca habrían realizado.

“Utilizando esta directiva es que se inicia la programación indiscriminada de actividades productivas, para ello los decanos de las Facultades elaboraron un sinnúmero de proyectos como cursos de titulación, cursos de segunda especialidad, maestrías, doctorados (...); con la única finalidad de apropiarse de ingentes sumas de dinero del Estado en beneficio propio y no con los fines académicos y de investigación que son la esencia de las universidades”; consta en el requerimiento.

Entre los elementos de convicción, que presentó la fiscal Quiroz Caballero figuran las resoluciones que emitió el rector, donde aprueba los referidos proyectos o actividades productivas y a su vez indica el monto a pagar (entre S/. 1’000 y S/. 1’500) a cada unos de los procesados.

DILIGENCIAS. Como parte de la investigación que realiza la Fiscalía, se programó el interrogatorio a cada uno de los secretarios y tesoreros de las respectivas Facultades de las UNPRG, con la finalidad de que informen sobre las actividades contables y las “asignaciones especiales” que otorgaban a las autoridades de la alta dirección.

Asimismo se solicitó a la Contraloría General de la República que realice una pericia contable respecto a la documentación incautada de la oficina del rectorado y la Secretaria General de la citada universidad, así como de la Escuela de Postgrado.

Del mismo modo, se revisó el contenido de los equipos de cómputo, los usb y las memorias de los teléfonos celulares incautados a los directivos el día que fueron detenidos.

Incluso se ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) que intervenga para cautelar el manejo y dirección de la UNPRG, pues al ordenarse la libertad de los vicerrectores, podrían “obstaculizar tremendamente la investigación”.

IMPUTACIÓN. Al respecto el procurador anticorrupción de Lambayeque, José Benavente Millán, indicó que está de acuerdo con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción respecto al delito de peculado por apropiación que se le imputa a los altos directivos de la UNPRG.

“Lo que se está cuestionando es el hecho de que el rector (Agustín Ramos) de manera administrativa haya buscado dar aparente legalidad al tema de las asignaciones especiales; es decir por cada resolución que emitía para la creación de un curso se asignaba un monto cercano a los 1 500 soles. Entonces como se sabe, cada Facultad tiene sus escuelas y cada escuela tiene su programa de titulación y por cada resolución que se firmaba se daba un determinado monto y obviamente es un tema irregular”, manifestó.

Benavente Millán recalcó que en los próximos días solicitará al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, constituirse como actor civil para asumir la defensa del Estado y plantear un monto de reparación civil ante el presunto perjuicio económico ocasionado.

“Si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que las universidades tienen autonomía para fijar y administrar su presupuesto y en este rubro entra las asignaciones especiales; sin embargo implica que haya un trabajo efectivo. Lo que la Fiscalía cuestiona y apoyamos el hecho de que no ha habido ningún trabajo efectivo y se ha buscado dar apariencia de trabajo con las firmas de resoluciones”, refirió.

El abogado del Estado precisó que al formalizarce la investigación preparatoria contra los directivos de la UNPRG, se otorgó un plazo de 8 meses para que se realicen mayores diligencia, con las cuales se podrían recabar nuevos medios de prueba y solicitar nuevamente la prisión preventiva.

Cabe indicar que este viernes 7 de agosto se realizará en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, la audiencia donde un representante de la Fiscalía Anticorrupción solicitará la prisión preventiva del rector Mariano Agustín Ramos.

Como se recuerda el máximo directivo de la UNPRG no fue hallado en su vivienda el día en que se ordenó su detención preliminar y tampoco se puso a derecho en los días posteriores, por lo que se encuentra prófugo de la justicia.

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