Más de 12 años después, orden en el Modelo aún es incierto

El primer día de julio del 2015, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió el informe N° 417, que recomendaba a la municipalidad de Chiclayo una serie de medidas para reducir los riesgos en el Mercado Modelo ante un eventual desastre.

Al año siguiente y con el objetivo de que la comuna cumpla con ejecutar dichas recomendaciones, inició un proceso judicial en la vía civil que continúa hasta la fecha. El pasado 25 de junio, el juzgado a cargo del caso concedió al municipio una apelación presentada con la justificación de no contar aún con los recursos para ordenar el centro de abastos, tarea que requeriría la participación de entre mil y 1,200 policías para retirar a los comerciantes ambulantes.

DECISIONES

Una fecha crucial, sin embargo, fue el 21 de diciembre del 2011, cuando el juez Daniel Esquén Robles emitió una sentencia ordenando a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que cumpla con ejecutar las recomendaciones de Indeci. Esto durante el primer año de la segunda gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales.

El fallo en cuestión no evitaría que el proceso se siga extendiendo, a razón de apelaciones y prolongaciones de plazo. Recién el 24 de abril del 2014 tuvo lugar una intervención policial que permitió el desalojo pacífico de alrededor de 5,000 vendedores ambulantes, aunque las calles despejadas alrededor del Mercado Modelo, nuevamente, no durarían mucho.

En septiembre del mismo año, mediante la resolución N° 72, el Segundo Juzgado Civil de Chiclayovolvía a exigir a la MPCh que cumpla con el reordenamiento y emita un informe al respecto en el plazo de 10 días. El 20 de octubre, cuando Torres ya había sido detenido por encabezar la presunta red criminal “Los Limpios de la Corrupción”, se requería a la nueva alcaldesa, Elizabeth Montenegro Dávila, que haga lo propio, aunque poco después la comuna obtendría una prórroga de otros 60 días hábiles.

El problema sería heredado por el siguiente alcalde, David Cornejo Chinguel, quien si bien durante el segundo mes de su gestión ejecutó un operativo para desalojar los alrededores del centro de abastos, dicho orden tampoco sería duradero y en junio del 2016, mediante la resolución N° 113, el juzgado le daría un ultimátum de 30 días.

Otra vez, entre apelaciones y prórrogas, el tiempo seguiría transcurriendo incluso hasta el fin de la era Cornejo, con la captura de este último por pertenecer a otra supuesta organización delictiva.

ÚLTIMO

Dicho lapso, de hecho, se cumplió el pasado 26 de junio, sin embargo, la comuna apeló y obtuvo como respuesta la ya mencionada resolución, N° 157, que concede dicho recurso y dispone remitir los documentos presentados por el municipio (entre ellos los informes policiales que sustentan la falta de garantías para realizar el desalojo) a la parte demandante, en este caso, la Fiscalía Civil.

Esta última es la que tiene ahora en sus manos evaluar si se puede o no dar más tiempo a la comuna, consideración que luego será transmitida a la jueza para que decida al respecto. Cabe indicar que ella, además, ha requerido que la MPCh precise, en un plazo de 3 días, cuál es la gerencia o representante encargado de ejecutar las recomendaciones de Indeci.

POSICIONES

“Para hacer un reordenamiento tiene que haber un plan, que consista en tener un presupuesto para la construcción de un nuevo mercado. Con eso sí estamos de acuerdo, pero no con que se interprete como un desalojo a los comerciantes”, aseguró Cayao Paico.

Agregó que la municipalidad debería buscar formalizarlos en lugar de dejarlos sin un lugar donde trabajar y mencionó que entre sus propuestas está la construcción de un nuevo centro de abastos en el distrito de Pomalca. No obstante, al sentir el peligro de ser desalojados, José Cayao dijo que vienen alistando una demanda contras las autoridades de la MPCh, la Fiscalía y la Policía en Lambayeque.

A su turno, el dirigente de los comerciantes del interior del Mercado Modelo, Felipe Cieza Gálvez, aseveró que la principal responsabilidad en este caso es de la MPCh, a la vez que reconoció que todavía existen muchas zonas de riesgo en las instalaciones del centro de abastos.

“Todo se debe hacer de manera progresiva, no de golpe, porque hay una responsabilidad social, tiene que haber sensibilización y trabajar de la mano con los dirigentes y comerciantes”, señaló. Indicó que el municipio podría evaluar la reubicación de los ambulantes en zonas como donde a la fecha se ubica el llamado “terminal Epsel”.