Escribe: Carlos Vásquez Romero
La paciencia llegó a su límite. Cansados de esperar por una obra de agua y saneamiento que lleva más de seis años sin concluir, vecinos de los doce pueblos jóvenes situados en la carretera Chiclayo–Pomalca anunciaron una movilización a inicios de julio para exigir respuestas a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y al Ministerio de Vivienda.
Inicialmente, el proyecto ejecutado por la Epsel, se presupuestó por más de S/ 55 millones y empezó en marzo de 2019, pero quedó suspendido al año siguiente por la pandemia. Sin embargo, por segunda vez, quedó paralizada el 15 de enero de 2025, luego de diversas suspensiones de plazo y acumulación de penalidades por parte de la empresa contratista.
INDIGNACIÓN. Según denunciaron los dirigentes, el expediente técnico de saldo de obra, que fue remitido recién el 23 de mayo por Epsel al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), presentaría inconsistencias sobre qué partidas han sido ejecutadas y cuáles no.
Actualmente, el PNSU realiza la revisión del documento, que incluye verificar su contenido, validar que las partidas estén bien ejecutadas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, los pobladores señalaron a Correo que de encontrar observaciones, podrían pedir aclaraciones o cambios que alargarían aún más los plazos.
Elmer Pasapera Peralta, presidente de la Asociación de Comités Pro Obras Carretera Pomalca, señaló que la planta de tratamiento y las cámaras de bombeo se encuentran abandonadas, lo cual debió haberse considerando en el expediente de saldo que requeriría una inversión estimada de 35 millones de soles.
“Esto ya no es abandono, esto es negligencia por incapacidad. Llevamos más de seis años esperando esta obra, y si se encuentran inconsistencias en el expediente, la ejecución se va a demorar más. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo?”, expresó con molestia.
“La planta de tratamiento y la cámara de bombeo quedaron totalmente paralizadas. Esta obra no está suspendida, está anulada. Y eso implica empezar de cero. El PNSU está evaluando el expediente de saldo de obra, pero si no se aprueba, se tendría que elaborar uno nuevo. Ya no hablamos de 52 millones como en 2019; la obra costaría hoy unos 100 millones de soles”, agregó el dirigente Pasapera.
SIN CONDICIONES. Mientras las autoridades revisan papeles, las familias reciben agua por cisterna una vez por semana. En muchos casos, ni siquiera logran abastecerse, y deben comprar agua en bidones a vendedores informales, exponiéndose a enfermedades.
Peor aún, muchas viviendas que ya no tienen pozos sépticos por la promesa de culminación de la obra, han empezado a usar los buzones inconclusos para hacer sus necesidades fisiológicas.
“Eso es una bomba sanitaria. No podemos vivir así”, advirtió una vecina de Villa Progreso.
“A veces no alcanza ni para lavarnos”, señala Víctor Cieza, poblador de San Bartolo. “Tenemos que comprar agua en bidones a gente que trae en motocargas. No sabemos de dónde la sacan. Mis hijos han tenido diarreas por tomar esa agua”, agregó.
Muchos moradores, confiando en la promesa de un sistema de alcantarillado moderno, sellaron o desmontaron sus antiguos pozos sépticos. Hoy no tienen ni lo uno ni lo otro.
“Para hacer nuestras necesidades vamos al buzón más cercano. Tenemos que ir con balde de agua. Es humillante”, expresó Edith Campos, del pueblo joven Las Vegas. “Y ni hablar del olor. Todo el barrio apesta”, finalizó y añadió que apoyará la protesta programada para julio.
Lindolfo Fernández, presidente del Frente de Defensa de los Doce Pueblos Jóvenes, pidió que Epsel transparente la elaboración de saldo de obra.
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