Millonaria compra de 10 compactadoras en el GRL pasa al Osce por presunto direccionamiento

La adquisición de 10 compactadoras, para el mejoramiento del servicio de recolección de los residuos sólidos en el distrito de José Leonardo Ortiz, se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de la gestión regional de Humberto Acuña Peralta.

Esto luego de que siete postores presentaran más de 20 observaciones a las bases de este concurso convocado por el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), para lo cual esta entidad designó S/ 5 millones 060 mil.

¿DIRECCIONAMIENTO?. El último 6 de octubre, el GRL convocó la Licitación Pública N° 7 - 2017 con la finalidad de adquirir 10 camiones recolectores de basura (compactadoras), cuya buena pro fue programada para su entrega el pasado 8 de noviembre, pero quedó frustrada por la avalancha de observaciones presentadas.

Tal como se puede visualizar en las 36 páginas de observaciones que se exhiben en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la mayoría de cuestionamientos se dan en torno a los requerimientos técnicos mínimos (RTM) de las unidades.

Gran parte de estas observaciones dejan entrever la presunción de un posible direccionamiento para otorgar la buena pro a una determinada marca.

Tal es el caso del postor DIVEIMPORT S.A., que hace mención al inadecuado estudio de mercado realizado por el área de las contrataciones del GRL, por haberse considerado solo dos marcas, existiendo en el mercado nacional una serie de estas dedicadas exclusivamente a la comercialización de este tipo de unidades.

“…lo cual evidencia un error determinante… y peor aún se podría estar direccionando el proceso…”, reza la observación.

Otro fuerte cuestionamiento es el que realiza VEMAEQUIP SAC. “…precisamos que la especificación de limitar de velocidad solo responde a una determinada marca, siendo que cada unidad cuenta con sistemas propios de seguridad, siendo estas denominadas de distinta manera por parte del fabricante”, observa el postor.

Líneas más abajo, agrega, “...consideramos inoficioso el solicitar un reductor de velocidad cuando todas las unidades cuentan con un sistema de seguridad distinto y de denominación independiente, no pudiendo contar con dicho nombre en la ficha técnica de la unidad”, refiere.

RESPUESTAS. Ante esto, Correo buscó la versión del comité especial, el cual es presidido por Merly Paucar Cevallos; e integrado por Cristóbal Alburqueque Llontop y César Zambrano Valdivia.

“Hemos enviado (las observaciones) al Osce (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) el 14 de noviembre, en estos días debe pronunciarse, son 8 días hábiles que tiene…”, dijo Paucar.

Sobre los múltiples cuestionamientos que plantean los postores, señaló, “hemos considerado otras marcas…pero no le puedo dar esa información, porque primero me tiene que autorizar mi jefe, (responsables de Adquisiciones, William Jave) solo le doy datos generales…vamos a esperar a ver que resuelve el Osce, depende de lo que diga, integraremos las bases”.

Al insistirle por el cuestionamiento en el reductor de velocidad, expresó, “el problema es que el informe técnico lo da el área usuaria, en este caso, no manejo bien lo que son especificaciones técnicas, porque no las hacemos nosotros”.

LOS REGIDORES. Correo también buscó la opinión de los regidores de la comuna leonardina, beneficiaria con la compra.

Al respecto, el concejal Onias Pérez Torres, se mostró sorprendido, porque- según dijo- el gerente de Infraestructura del municipio leonardino, Joaquín Guerrero, le entregó otra versión.

“Tengo entendido que el Osce ya se pronunció y ya existe un ganador, solo falta que se haga efectiva la compra”, indicó Pérez.

Cuando Correo le aclaró, en cierto modo, el panorama, este respondió, “el dato que usted me da, dista mucho del que me dio el gerente de Infraestructura de la municipalidad, entonces nos ha dado una información irreal…”.

Por su parte, el munícipe Aureliano Castañeda Hernández se mostró un poco más empapado del asunto.

“Si bien es cierto, el expediente data del año 2015, fue observado por el Ministerio de Economía, que cuestionaba a dónde trasladarían la basura, al final se apeló al convenio de la comuna chiclayana, la cual tiene en marcha una planta de tratamiento de residuos sólidos, y recién ahí dieron luz verde con el presupuesto”, declaró Castañeda.