En la zona siguen acumulándose los residuos sólidos, pese a las recomendaciones para lograr su cierre.
En la zona siguen acumulándose los residuos sólidos, pese a las recomendaciones para lograr su cierre.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a la por no realizar la clausura y cierre del botadero Pampas de Reque.

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El incumplimiento de esta disposición tendrá una multa de S/23,000 equivalentes a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Hallazgos

Los representantes del OEFA determinaron que el botadero Pampas de Reque seguía operando, pese a las restricciones, pues aún había accesos de personas y/o vehículos (mayores y menores), que realizaban acciones de descarga y disposición final de residuos sólidos.

Como es conocido la municipalidad es la titular del Área Degradada por Residuos Sólidos (ADRS).

Frente a esta decisión no procede la interposición de recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el numeral 36.3 del artículo 36 del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006- 2019.

El municipio corre riesgo de seguir acumulando multas por este problema.

Sin perjuicio de ello, el organismo continuará realizando supervisiones, para verificar el cumplimiento de las 5 medidas preventivas ordenadas a la MPCH.

Estas medidas contemplan restricción total de accesos de personas y/o vehículos.

La comunicación del cierre del botadero a todas las municipalidades distritales que disponen sus residuos en dicho lugar.

Asimismo, la vigilancia para evitar el ingreso por parte de las municipalidades y terceros al botadero. El desarrollo de trabajos de compactación y la cobertura de los residuos existentes en el botadero.

En este tema también intervino la Defensoría del Pueblo, que recomendó al OEFA una supervisión constante de las acciones de la MPCh y las comunas involucradas.

El ente defensorial enfatizó que el botadero afecta gravemente el medio ambiente y la salud de la población que reside cerca de este espacio lleno de cúmulos de basura.

El incumplimiento de una medida preventiva constituye infracción administrativa muy grave y puede ser sancionada hasta con 4000 UIT, es decir S/ 18 millones 400 mil soles.

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Problema

La MPCH, en un informe del 19 de enero, indicó que para realizar inversión en la zona, necesita primero desalojar a los recicladores.

Existe una propuesta, pero no se ajustaría a la guía técnica dispuesta para este tipo de intervenciones.

Entrevistado para un informe de diario Correo, Gino Chanamé Díaz, funcionario de la municipalidad de Chiclayo, afirmó que se ha trabajado en comprometer a los demás municipios para que no destinen sus residuos en el botadero.

Este sería el punto de partida para el cierre y recuperación definitiva.