Escribe: Carlos Vásquez Romero
La empresa Agro Pucalá S.A.A., uno de los ingenios azucareros más antiguos de Lambayeque, atraviesa un proceso de reestructuración que ha abierto un frente de expectativas y, al mismo tiempo, de disputas judiciales.
FRENTES. Recientemente, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque formalizó, mediante el Auto Directoral N.º 000090-2025, el registro de la nueva junta directiva del Sindicato General Unificado de Trabajadores Azucareros. El gremio, presidido por Grimaldo Cadenillas Uceda y con mandato hasta el 28 de enero de 2027, obtuvo así reconocimiento legal en medio de la crisis de la agroindustrial.
Pocos meses después, el 22 de agosto de 2025, la Junta de Acreedores aprobó el Plan de Reestructuración Patrimonial, que contempla el arrendamiento de 4.422 hectáreas a un operador privado. El acuerdo fue presentado como una vía para garantizar el pago de deudas y reactivar la producción, después de décadas de administraciones judiciales cuestionadas, según información de la empresa. El sindicato respaldó la medida y la calificó como una oportunidad para generar empleo directo y recuperar la confianza en la empresa.
DEMANDA. El plan, sin embargo, no estuvo exento de controversia desde hace meses antes de su aprobación. El 24 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo, a cargo del juez Carlos Diez Canseco Solano, admitió una demanda de amparo presentada por los trabajadores Óscar Bustamante Díaz y Carlos Macalopu Gamarra. Los demandantes solicitaron la nulidad de los puntos del plan que prevén el cese colectivo de la totalidad de trabajadores en enero de 2027 y el arrendamiento de tierras, alegando que vulneran derechos fundamentales como el trabajo, la remuneración y la protección contra el despido arbitrario.
Posteriormente, mediante la Resolución N.º 07, declaró fundada en parte la excepción de prescripción e improcedente la demanda.
Frente a este fallo, los demandantes presentaron el 23 de junio de 2025 un recurso de apelación, firmado por la abogada Lidia Pilco Sloga. En el escrito, acusan a la empresa de haber reducido unilateralmente sus remuneraciones por debajo del salario mínimo legal y de no haber informado adecuadamente sobre la aprobación del plan en 2024. También cuestionan la falta de publicación de convocatorias y acuerdos en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La apelación pide la revocatoria de la sentencia y que se declare fundada la demanda en todos sus extremos, incluido el pago de salarios dejados de percibir. El caso pasará ahora a una instancia superior, que deberá resolver si se vulneraron derechos laborales.
Cabe indicar que la reestructuración de la azucarera contempla el arrendamiento de 4.422 hectáreas de tierras de cultivo para la recuperación económica.
Acciones diversas desde gremio laboral
Trabajadores de Agro Pucalá anunciaron acciones legales para exponer el presunto modus operandi de exfuncionarios de la última administración judicial. Mientras dos trabajadores activos de la empresa presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
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