El gobernador regional, Jorge Pérez Flores, vuelve a estar en el ojo de la tormenta y por partida doble.
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), detalló en un reciente informe las irregularidades que se cometieron al momento de aprobar el viaje a la Ciudad del Vaticano (Roma), para que una comitiva del Gobierno Regional participe en la misa de entronización del papa León XIV.
El entusiasmo por llevar el saludo de los lambayecanos al nuevo pontífice también contagió a cuatro consejeros regionales, quienes ahora podrían afrontar consecuencias penales.
EN TIEMPO RÉCORD. El informe N° 014-2025 detalla que el viaje del gobernador y de los consejeros por comisión de servicios, se aprobó en sesión extraordinaria sin considerar el plazo de anticipación establecido en el reglamento interno del Consejo Regional.
El artículo 83° indica que las citaciones a sesiones extraordinarias se deben efectuar con 48 horas de anticipación, pero la convocatoria a los diez consejeros se realizó el mismo día en que se aprobó el acuerdo, es decir el 15 de mayo.
En esa fecha se efectuaron los trámites documentarios en Asesoría Jurídica, Administración, Planeamiento y Presupuesto y Logística, según la indagación del OCI.
El pedido de Pérez fue debatido durante la tarde. A dicha sesión asistieron seis consejeros que se conectaron por videollamada.
La aprobación fue unánime y se autorizó que el gobernador viaje en compañía de los consejeros Ricardo Lara, Gustavo Espinoza, Víctor Orosco y Sujeily Camacho.
A través de la acción de control se verificó que el Consejo aprobó el traslado de cuatro de sus miembros al extranjero sin contar con la correspondiente disponibilidad presupuestal, que es requerida consignar en las solicitudes para comisiones de servicios, incumpliendo así con lo señalado en la directiva N° 000002-2022 “Otorgamiento de Viáticos y su Rendición por Comisión De Servicios”.
En el acuerdo regional N° 000240-2025-GR.LAMB/CR se precisó que los gastos serían asumidos por el GORE por un importe para viáticos de $ 540.00 por día ($ 2,160 en total) y por concepto de pasajes el monto de $ 4,977 por cada consejero.
“Por parte de los consejeros podría configurarse el delito de omisión de funciones, porque actuaron fuera de los parámetros de la norma; además el interés personal de votar a favor de un viaje para ellos y sin tener el informe presupuestal”, explicó el abogado penalista, Gilberto Carrasco Lucero, consultado sobre el informe.
Asimismo, dijo que respecto al gobernador, la Contraloría podría establecer responsabilidad administrativa. “Indudablemente hay un perjuicio a la entidad y se tiene que determinar en la vía penal y administrativa”.
CTO SEGUIRÁ EN OLMOS. Pese al fuerte rechazo, el gobernador Jorge Pérez confirmó que se extenderá temporalmente el contrato con la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO).
La propuesta de Pérez es que la ampliación permita al Estado gestionar una licitación internacional para seleccionar un nuevo operador con miras a lograr el recrecimiento de la presa Limón hasta una altura de 80 metros.
Días atrás el gerente de CTO, Alfonso Pinillos, informó al diario Gestión que ante la negativa del Gobierno de renovar el contrato de concesión por el plazo de 10 años, la empresa modificó su propuesta para una ampliación mínima de 8 a 12 meses. Esto considera la contratación de una empresa especializada en dragado para retirar el sedimento acumulado en la presa y así mejorar el embalse de agua.
El abogado, César Vásquez Merino, cuestionó que el GORE no haya actuado en base a cláusulas del contrato, diseñadas para asegurar la operatividad de la presa, una vez finalizada la adenda.
Y no es la única “papa caliente” para el gobernador regional de Lambayeque, pues, a pesar del fuerte rechazo en un sector de la ciudadanía, este anunció que CTO (Novonor - exOdebrecht) continuará temporalmente a cargo de las operaciones del trasvase en el proyecto de irrigación Olmos.
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