Peritos detallan desbalance patrimonial de Beto y Katiuska

Al conocerse los resultados de las tan ansiadas pericias de lavado de activos en el caso “Los Limpios de la Corrupción”, tal parece que la situación para los comprendidos en el mismo vuelve a complicarse, aunque el tiempo transcurrido desde que dichas diligencias fueron anunciadas podría jugar a su favor.

Este es el panorama que se aprecia ahora en la investigación sobre la supuesta organización criminal encabezada por el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, quien según los peritos habría presentado un crecimiento patrimonial de más de un millón de soles a septiembre del 2014, cuando fue desarticulada la red de “Los Limpios de la Corrupción”.

DOCUMENTOS

No obstante, el que todavía sigue pendiente es el proceso principal (expediente N° 5207-2014), que considera solo los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Precisamente, desde la Fiscalía argumentaron en diversas ocasiones que estaban a la espera de los respectivos informes periciales, cuyos resultados, en parte, al fin han llegado a conocerse.

Uno de dichos reportes es el relacionado con el recluido exburgomaestre, con fecha 30 de noviembre del 2018. Este menciona, por ejemplo, que se ha determinado que el patrimonio inicial de Roberto Torres, antes de asumir funciones como autoridad edil, era de S/ 81,074.

La pericia recalca que Torres solo percibía rentas de quinta categoría, por su sueldo como titular de la comuna chiclayana (2007-2014) y por parte de la empresa Transportes Turismo Crisolito SRL (2008-2010). En el primero de los casos, sus ingresos anuales fluctuan entre los 80,000 y los 121,000 soles, mientras que, en el segundo, no llegan a los S/ 26,000.

En ese sentido, los peritos indican que los ingresos de Torres no eran suficientes para cubrir sus gastos, generándose un saldo negativo que se iba acumulando año tras año hasta llegar a los 405,557.39 soles para el año 2014.

Por último, agregando bienes como las joyas incautadas al exalcalde con la desarticulación de “Los Limpios” y los vehículos de su propiedad (que suman S/ 247,223.80), así como el dinero incautado durante el allanamiento (S/ 985,805) y depositado en una cuenta a su nombre (34,261 soles), el patrimonio final de la exautoridad llega a ser de S/ 1’267,289.80.

MOVIDAS

“Estas transferencias se convierten en sospechosas por los actos ocurridos posteriormente, como la devolución del bien por el mismo precio sin haber generado ningún tipo de beneficio e intereses para el vendedor pese al tiempo transcurrido”, indica el informe pericial.

En efecto, se indica que el contrato de compra venta entre Torres y Quesquén quedó sin efecto en septiembre del mismo año y, dos meses después, el mismo bien fue transferido a la entonces pareja del exalcalde, Norma Katiuska Del Castillo Muro, por la suma de US$ 12,000.

BIENES

Este monto considera bienes como un automóvil Chevrolet del año 2008 (S/ 8,376), un lote en la urbanización La Florida (31,236 soles), dos lotes en el distrito de Jayanca (S/ 15,000), el dinero incautado durante el allanamiento (134,440 soles), entre otros importes.

Además, en las conclusiones del informe se indica que el dinero incautado en el allanamiento (S/ 134,440) “es de origen desconocido, al no existir documento alguno que legitime su procedencia”. Esto al igual que una serie de depósitos que suman S/ 113,611.30 en una cuenta de una conocida entidad financiera.

A diferencia de Torres, Katiuska del Castillo recobró su libertad en febrero de este año, al haberse cumplido tanto el plazo de la prisión preventiva en su contra como la condena que recibiera en su momento por el delito de colusión. El pasado 17 de abril, Del Castillo fue captada por las cámaras de Correo en la sede de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), en Chiclayo, una de las entidades cuya información sirvió de base para la elaboración de los mencionados informes periciales.

TIEMPO

Al respecto, el abogado de Roberto Torres, Juan Velásquez Caro, aseguró que la investigación preparatoria concluyó en octubre del 2018.

“Ahora nos llega una pericia contable fuera del plazo y pone en aprietos a la defensa de los investigados, pues obliga a que observemos las mismas, a elaborar (en el peor de las casos) pericias para presentarlas ante una eventual acusación fiscal y a pedir al Poder Judicial que no acepte estas pericias (las recabadas por el Ministerio Público) por ser posteriores”, manifestó el hombre de leyes.

En todo caso, Velásquez Caro indicó que será el Juzgado de Investigación Preparatoria el que defina si se admiten o no estos documentos.