Presidente de la Corte de Lambayeque: “No es aceptable que un juez produzca 400% en resoluciones”

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), Edilberto Rodríguez Tanta, habla sobre la situación de los juzgados penales que están superados por la carga procesal. Además, comenta su preocupación por el hacinamiento del Penal de Chiclayo, pues la situación de este recinto podría acelerar el actual nivel de inseguridad ciudadana.

Acaban de inaugurar una sede para los juzgados de Trabajo y de Familia, pero ¿qué sucederá con los procesos penales, tengo entendido que hay juicios programados para el 2025 y un malestar en la Fiscalía?

He comunicado al presidente del Poder Judicial que necesitamos más juzgados especializados. La Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI CPP) tiene que ver la realidad, aquí está congestionado, con muchos procesos y una agenda de audiencias hasta el 2025.

La idea es que se creen más juzgados, porque no es aceptable que un juez produzca 400% en resolución de casos y eso ocurre al día de hoy. Lo que falta es aumentar despachos en el ámbito de Chiclayo,  donde se tienen más casos de corrupción y delitos penales.

Una solución que está caminando es que el Poder Judicial evalúa la creación de la unidad de flagrancia para Lambayeque, y eso nos ayudará mucho para tramitar los procesos penales por delitos contra el patrimonio.

La criminalidad sigue en aumento, ¿cree que es momento para que las autoridades fortalezcan sus estrategias, tomando en cuenta la crisis que viven en el Ecuador?

El Gobierno está ejecutando algunas medidas en la frontera, pero no deja de ser preocupante lo que estamos viendo. Debo señalar que lamento mucho lo que ocurre en Ecuador, pues años atrás era un país seguro, los jueces de Lambayeque han realizado pasantías ahí, y hoy vemos que en poco tiempo el crimen organizado se ha salido de control. No puede descartarse que ese nivel de inseguridad impacte en el Perú. Para citar un problema, el Penal de Chiclayo (ubicado en Picsi) tiene un hacinamiento muy grave, que puede derivar en situaciones de peligro para los agentes  del INPE y en amotinamientos.

¿Cuántos internos alberga dicho establecimiento?

Sabemos que más de 4 mil  reclusos. La Corte Superior ha realizado un censo y los resultados los vamos a exponer  pronto.  Lo que es claro es que no es seguro y es preocupante, repito, que no se atienda el pedido de ampliación. El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana  (Coresec) tiene que insistir para dar una salida  a este tema.

El año pasado el Ejecutivo emitió un decreto que modifica el Código Procesal Penal y otorga facultades a la Policía Nacional para realizar intervenciones o diligencias de investigación sin la participación del Ministerio Público, ¿cuál es su opinión?

Es un retroceso frente a la vigencia del Código Procesal Penal, porque el sistema judicial se ha fortalecido poniendo adelante al Ministerio Público como el que dirige las diligencias e investigaciones, eso da mayor garantía. Lo que han dispuesto es volver al antiguo código, retroceder hasta el año 1939. El sistema de justicia reconoce el trabajo de la Policía con sus efectivos para los operativos y detenciones, con sus peritos y laboratorios, y todo ello  tiene que ser vigilado por un fiscal, es por legalidad, que es fundamental para sacar adelante cualquier tipo de proceso.

El Congreso está impulsando una reforma del sistema de justicia y van a instalar una Comisión de Alto Nivel sobre el sistema interamericano de justicia y derechos humanos, ¿como juez le parece que esas iniciativas terminen en buen puerto?

A lo largo de mi carrera he visto pasar varias comisiones de reforma en el Parlamento y la mayoría no han aterrizado.  Si esos cambios ayudan a mejorar, pues bienvenido sea. Pero tienen que plantear  cosas con argumentos coherentes, porque de lo contrario vamos a estar con dos esferas, por un lado los políticos con sus discursos y  por otro los jueces con sus normas.  He escuchado algunas voces decir que no van a consultar  y eso es un error. Tienen que consultar a los jueces del Poder Judicial, para conocer nuestros aportes y lo que hemos avanzado. La ciudadanía debe saber que proponer ese tamaño de reforma para un país no es poca cosa, pues traerá efectos al largo plazo.