Gobierno Regional de Lambayeque desembolsa adelanto de 1 millón 039 mil soles a contratista para iniciar ejecución de obra sin verificar validez de documento. Empresaria restituye solo S/ 700,000 y responde que la demanden si así lo desean.
Gobierno Regional de Lambayeque desembolsa adelanto de 1 millón 039 mil soles a contratista para iniciar ejecución de obra sin verificar validez de documento. Empresaria restituye solo S/ 700,000 y responde que la demanden si así lo desean.

El accionar irresponsable de algunos funcionarios del (GORE) ha ocasionado que esta entidad, tras favorecer a otro consorcio que también se presentó con carta fianza falsa.

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Este escándalo que podría ser la gota que finalmente termine de derramar el vaso de presunta corrupción, descubierto en la gestión del suspendido gobernador Anselmo Lozano, ha sido puesto al descubierto por la Oficina de Control Interno (OCI).

Falsedad

En octubre del 2020, el Comité de Selección del GORE, integrado por funcionarios que ahora enfrentan un pedido de prisión preventiva, otorgó la buena pro de una obra valorizada en más de 10 millones de soles al Consorcio Lagunas, cuyo representante legal es Ángela Collantes Pinedo.

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Para la suscripción del contrato, dicha empresaria presentó una carta fianza por 1′039,751.92, que fue confirmada por la entidad financiera Crediscotia. Sin embargo, para obtener el adelanto directo equivalente al 15% del valor de la obra, la empresaria presentó otra carta fianza por S/ 1′559,627.88, que resultó ser falsa.

Incluso, este documento precisaba una vigencia de 120 días, desde el 10 de noviembre de 2020 hasta el 10 de marzo de 2021; sin embargo representantes de Crediscotia la desmintieron, pues nunca emitieron tal escrito.

Lo grave es que cuando aún no se había corroborado la validez de dicho documento, el área de Tesorería procedió a realizar el desembolso del dinero el 23 de noviembre de 2020.

Irónicamente, cuando ya se había girado el monto a nombre del Consorcio Lagunas, dicha oficina le advirtió al gerente de Administración, Germán Pisfil Agapito, que la citada carta fianza aún estaba pendiente de verificación de manera oficial.

Con la respuesta de Crediscotia se dan cuenta de la gravedad del problema y piden al área de Asesoría Jurídica recomendar la nulidad del contrato con el Consorcio Lagunas, lo cual luego fue ejecutado por el gobernador Anselmo Lozano, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 391 – 2020.

Sin embargo, con eso no resolvieron el problema. Cuando solicitaron a la empresaria Angela Collantes que (en un plazo de 3 días) devuelva el adelanto, ella respondió que ya no contaba con la totalidad del dinero porque ya había realizado anticipos a proveedores para iniciar la obra. Es por ello que solo restituye 700,000 soles.

Lo que es peor, cuando le reiteran mediante cartas notariales que devuelva la diferencia de 859, 627 ella literalmente les responde que no lo hará y que la demanden si así lo desean.

“El 10 de febrero de 2021, ha remitido la carta N° 003 – 2021/CLAG-IIEE, mediante la cual nos comunica no disponer de los recursos económicos para efectuar la devolución; y, deja a consideración de la Entidad, iniciar las acciones civiles que correspondan para recuperar el saldo de dicho adelanto”, señala el informe de la Contraloría.

El OCI señala que los funcionarios implicados incumplieron la Directiva N° 013 – 2015/GR-LAMB, la cual establece que las cartas fianza serán entregadas a la entidad regional por el contratista ganador, con un mes de anticipación al desembolso financiero; no obstante, se advierte que, dicho adelanto directo fue otorgado a los 13 días de la presentación de la carta fianza.

“Situación que, ha dejado desprotegida a la Entidad, generando el riesgo de no recuperar el saldo pendiente de devolución de S/ 859,627.88, así como la afectación a los recursos de la Entidad y por ende, la finalidad de la contratación (obra)”, consta en el Informe de Orientación de Oficio N° 006 – 2021 – OCI/5343 – SOO.

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FALSEDAD

Cabe indicar que el Consorcio Lagunas estuvo integrado por las empresas ACP Obras y Proyectos E.I.R.L. (de Ángela Collantes) y Sinchi Pucará SRL (de Elmer López Cruz). Esta última habría estado impedida de participar en procesos de contratación, pues su compañía absorbió a Paradizo S.R.L. (según Registros Públicos), la cual ha sido sancionada con una multa de 222 mil soles por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Pero Sinchi Pucará SRL no solo integró el Consorcio Lagunas, también formó parte del Consorcio Túpac Amarú, el cual ganó otra licitación del GORE en el 2020 por más de 8 millones de soles, para la construcción de siete colegios de nivel inicial.

Meses antes, un caso similar desencadenó la caída de Anselmo Lozano, cuando la OCI descubrió que, en otros tres procesos de licitación del GORE, una misma empresa (AC&A Constructora EIRL) integrando diferentes consorcios, obtuvo la buena pro, a pesar de haber presentado líneas de crédito falsas.

El representante legal de dicha compañía que (en consorcio con otras dos empresas) ganó los procesos de licitación - también declarados nulos luego por Anselmo Lozano - es Alejandro Criollo Quispe, quien ahora purga mandato de prisión preventiva en el penal de Chiclayo.

Cabe indicar que el Comité de Selección del GORE estuvo integrado por Wilmer Vásquez Guerrero (Logística), José Reyser Chinguel Calle (Director de Supervición y Liquidación) y José Jancarlo Huamán Vargas (Dirección de Estudios).

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los dos primeros debido a que formarían parte de una organización criminal que direccionaba obras a favor de contratistas a cambio de coimas. La audiencia se realizará el 25 de marzo.

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