Ministra Nancy Tolentino recorrió servicios en Chiclayo y Lambayeque.
Ministra Nancy Tolentino recorrió servicios en Chiclayo y Lambayeque.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, informó que en la región Lambayeque se registran 365 denuncias por violencia sexual, de las cuales 128 corresponden a víctimas menores de edad.

Enfatizó que su sector viene desplegando servicios para dar soporte legal y psicológico a las y los denunciantes.

“Estamos insistiendo en la capacitación a las familias, a las autoridades para prevenir y denunciar de inmediato. Es algo que siempre ha ocurrido en el país. Debe ser sancionado y terminar con los miedos. Las mujeres, los niños y adolescentes son los más vulnerables”, explicó.

Cuando ocurren este tipo de casos, el ministerio de la Mujer supervisa las condiciones de la víctima para determinar una protección especial y la ayuda que necesitará.

Tolentino recorrió los servicios de atención del ministerio de la Mujer, Centros de Emergencia y las Unidades de Protección Especial para víctimas que funcionan en las ciudades de Chiclayo y Lambayeque.

De esa manera, la ministra exhortó a la Policía Nacional y a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público (fiscalías) actuar rápidamente cuando se trata de hechos de violencia.

“Una violación a un menor de edad tiene que ser sancionada con cadena perpetua. Se requiere celeridad y sentencias ejemplares para que estos criminales no busquen tocar y agredir a los niños y niñas”, expresó.

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Rechaza proyecto contra la inclusión

La ministra Tolentino expresó que su sector dejó en clara su postura de rechazo al proyecto de ley, aprobado recientemente por el Congreso de la República que elimina el uso del lenguaje inclusivo en textos escolares y documentación de las instituciones gubernamentales.

Explicó que afirmar “las niñas y los niños” no es perder tiempo o generar confusión, por el contrario es buscar la visibilidad de las mujeres, que en el país representan el 50,4%.

Hasta el momento se conoce que el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, no observará dicha norma, diseñada por sectores del Legislativo abiertamente conservadores y con vínculos en organizaciones religiosas.

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