Reportan cinco conflictos sociales en Lambayeque

En la región Lambayeque, en el reporte de la Defensoría del Pueblo N° 141, emitido en el mes de noviembre, se da cuenta de la existencia de 215 conflictos sociales en el país, de los cuales 153 están activos, mientras que existen 62 latentes.

Pese a que según este mismo informe la región de Lambayeque cuenta con cinco conflictos sociales actualmente, haciendo 1.9 % del total a nivel nacional, dos activos y dos latentes, durante todo el año 2015 nuestra región ha presentado cinco conflictos sociales de los cuales sólo dos han llegado a resolverse.

Según el tipo y estado de los conflictos se han registrado un conflicto socioambiental, dos laborales, dos en asuntos de gobernación local y uno en otros asuntos. Los conflictos detectados están ligados a las azucareras POmalca, Tumán, Pucalá, así como con el Proyecto Olmos y el proyecto minero Cañariano.

Es preciso indicar también que la mayor parte de los conflictos sociales que se han registrado durante este año han sido en las empresas azucareras, las que vienen siendo administradas judicialmente.

La representante de la oficina de Defensoría del Pueblo en la región Lambayeque, Lizeth Arteaga Muñoz, aseguró que en todos los conflictos sociales se ha intervenido ya sea acercando a las partes o emitiendo informes a las entidades correspondientes para que puedan abocarse a mejorar y resolver el problema.

CASO TUMÁN. Uno de los principales conflictos, y que aún pese a la pasividad sigue activo, es el enfrentamiento de los trabajadores de la Empresa Agroindustriao Tumán por la disputa de la administración.

Según el reporte de Conflictos Sociales N° 135, los trabajadores activos, jubilados y herederos de la empresa azucarera reclamaban a la administración judicial el pago de las remuneraciones de los meses de abril y mayo del 2015, así como el pago de escolaridad, y sus beneficios laborales.

Según señaló Arteaga Muñoz, la Defensoría del Pueblo canalizó, a través del Séptimo Juzgado Civil, una recomendación para que puedan evaluar la continuidad de la administración judicial.

Ante este pedido, en el mes de junio, la juez Karina Fabián Palomino resolvió disponer una evaluación, y para eso solicitó recabar todos los elementos necesarios para el trabajo.

Hasta la fecha la evaluación se sigue realizando, y pese a que la fase de crisis del conflicto social se ha detenido por el ingreso de los trabajadores azucareros a la administración judicial, el problema sigue activo pues aún hay cuestionamientos por ambas partes.

Pomalca. Este conflicto social empezó en el mes de abril, casi paralelamente al caso de Tumán, con al diferencia que se llegó a resolver a los pocos meses.

El informe de Conflictos Sociales indica que el problema fue de tipo laboral, pues los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pomalca reclamaban los pagos de sus bonificaciones, beneficios sociales y el incremento de sus remuneraciones.

La Defensoría del Pueblo intervino en este conflicto acercando a las partes con ayuda del Gobierno Regional de Lambayeque, sometiéndose a un proceso de diálogo que conllevó a un acuerdo de las partes.

“Los acuerdos fueron suscritos en un acta, y nosotros venimos haciendo un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, se sabe que la empresa ha adoptado las medidas para cumplir” precisó la representante de la oficina de Defensoría del Pueblo.

OTRA AZUCARERA. Otro de los conflictos sociales, no activo pero sí latente en nuestra región, es en la Empresa Agroindustrial Pucalá.

Este problema se genera por que se dio una medida cautelar para que operar una administración judicial, y lo que solicitaban las personas es que se ejecute una sentencia que convocaba a una junta general de accionistas.

“Esta sentencia estaba consentida desde el año 2004 y hasta el año pasado no se ejecutaba, el expediente había pasado por siete jueces que no había podido ejecutarla” señalo Lizeth Arteaga.

Ante la intervención de la Defensoría, se resuelve con Resolución N° 412 convocar a junta de accionistas y subrogar la administración de la empresa.

“Pese que aún no se cumple con la convocatoria, se viene haciendo el seguimiento, pero sigue siendo un conflicto latente” indicó la letrada.

Olmos. Ante el desplazamiento de familias por la ejecución del proyecto Olmos - Tinajones, los expropiados fueron reubicados en otro lugar llamado “La Algodonera”, pero los pobladores indicaban que no tenían las condiciones adecuadas ni los servicios básicos para vivir.

Ante esto, la Defensoría recomendó al Gobierno Regional de Lambayeque se ejecuten trabajos, los cuales fueron realizados durante este año y ahora es un conflicto social resuelto.

Cañaris. La comunidad San Juan de Cañaris se encuentra dentro de la zona de influencia del proyecto Cañariaco y los pobladores se niega a que puedan haber actividad minera en la zona por el temor de la contaminación ambiental.

Como comunidad campesina se tiene que aplicar la consulta previa, pero hasta el momento no se aceptado la exploración ni explotación en la zona, es un conflicto latente.