Testigos de “El Gran Chaparral” revelan uso de armas

En suspenso. El proceso de revisión del pedido de prisión preventiva contra miembros de la denominada red criminal “El Gran Chaparral” revela nuevos vínculos con los hechos denunciados por la comunidad campesina “San Francisco de Asís” de Salas.

Durante la tercera fecha de la audiencia, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) presentó el testimonio de testigos protegidos y otros personajes que señalan a integrantes de esta organización como los que habrían participado en el ataque a comuneros de este distrito.

HECHOS. El 1 de octubre de 2016, los comuneros Jesús Guerrero Becerra, Irineo Martínez Purihuamán y Felicitas Cherre Garrido Garrido murieron en el fundo Jaguey Negro, ubicado en el sector “Alitas” del distrito de Salas.

Este predio ha sido el centro de las investigaciones contra los 12 implicados en la red “El Gran Chaparral”. Según la tesis que sostiene la Fiscalía; Hipólito Cruzado Rafael, alías “Tronco Mayor”, junto al resto de integrantes, planearon la invasión de 1100 hectáreas del fundo Jagüey Negro.

Sin embargo, la intención de ingresar a estas tierras fue bloqueada por los comuneros de la comunidad “San Francisco de Asís”. Como resultado, afirma el requerimiento presentado por la Feccor, “El Gran Chaparral” destinó el uso de armas de fuego de corto y largo alcance así como la contratación de personal para atacar a quienes se mostrasen como sus oponentes.

Las muertes de los tres referidos comuneros así como el ataque contra Ada Uriarte Santoyo y Lucio Sembrera de la Cruz, miembros de la comunidad campesina de Salas, permanecían archivadas en el Ministerio Público.

Pero, tras la captura de los 12 imputados, la Feccor solicitó acumular los expedientes de estos casos.

Las diligencias preliminares relacionadas a los ataques contra los comuneros de Salas ahora permiten conocer información sobre el despliegue de armas y las conexiones entre estos hechos.

Así se revela en las declaraciones de algunos testigos que mencionan a la familia Cruzado Carranza y al resto de integrantes de “El Gran Chaparral”.

VÍNCULOS. Ante la jueza Cecilia Grandez Rojas del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, la Fiscalía presentó ayer los argumentos del requerimiento de prisión preventiva contra los imputados Elías Delgado Castro e Idelso López Vásquez.

El primero de ellos es señalado como el presunto responsable, dentro de la organización criminal, de abastecer con material logístico (armamento y municiones) y contratar a las personas que habrían participado en los intentos por usurpar los terrenos del fundo “Jahuey Negro”.

Además, la Fiscalía afirma que Delgado Castro aprovisionó armamento a los hermanos Adán, Jorge y Casimiro Cruzado Carranza quienes son sindicatos como responsables del atentado contra la vivienda de Lucio Sembrera de la Cruz, actual presidente de la comunidad campesina de Salas, en agosto de 2016.

Para sostener esta hipótesis, se ha tomado en cuenta los resultados de la evaluación hecha a los casquillos recogidos en el frontis del inmueble donde vivía el dirigente. De acuerdo a los exámenes de balística forense, los disparos fueron realizados por las mismas armas de fuego que fueron incautadas un año después (el 24 de septiembre de 2017), cuando se detuvo a 24 personas en el fundo “Jahuey Negro”, en el distrito de Salas.

Entre los detenidos, aparece José Antonio Maluquis Pinedo, quien declaró a la Fiscalía que las armas pertenecieron a Elías Delgado Castro. Maluquis Pinedo también es sindicato como miembro de la red criminal “El Gran Chaparral”.

En su declaración, el imputado reconoce conocer desde hace cuatro años a Elías Delgado Castro como su vecino. También manifestó a la Fiscalía que Delgado Castro le solicitó buscar movilidad y personal para recuperar un terreno de mil hectáreas en Salas. Por ello -agregó Maluquis Pinedo- contrató a “Beto” y el 24 de septiembre de 2016, Elías llegó con un paquete envuelto en una colcha que debía subir a la tolva de una camioneta que llegaría hasta él.

“Al llegar dicho vehículo y subía el paquete, se dio cuenta que eran armas de fuego largas, pero igual las puso arribo. Qué, después de ello, llamo por teléfono al celular de Elías Delgado para preguntarle que se iba a hacer con esas armas y que este le respondió ‘eran para cuidar el terreno y hacer rondas y que vayan avanzando porque él les daría el alcance’, pero al llegar al fundo (Jahuey Negro), fueron intervenidos por unos policías y cuando los trasladaron a la comisaría, se dieron cuenta de las armas, es por ello que de su celular llamó a Elías, delante de los policías y este aceptó que eran sus armas, pero que los efectivos no realizaron ningún acta de dicha llamada”, señala el sustento de la Fiscalía.

Sin embargo, la defensa de Elías Delgado rechaza estas afirmaciones y asegura que no existe ninguna evidencia de la llamada que hizo Maluquis Pinedo, frente a los policías, al imputado.

Otro hecho que estaría relacionado a Delgado Castro es el ataque contra la comunera Ada Uriarte Santoyo, el 14 de agosto de 2016, en su vivienda ubicada en el caserío Humedades, de Salas.

Este acto, para la Fiscalía, fue una represalia contra la entonces vicepresidenta de la comunidad campesina “San Francisco de Asís” por negarse al pedido que le hizo Adán Cruzado Carranza de interceder por él ante la directiva de esta comunidad para que se le entregase 100 hectáreas de terreno.

De acuerdo al dictamen pericial de balística N° 973-974/2016 los casquillos del atentado contra Uriarte Santoyo pertenecieron a las mismas armas que usaron los integrantes de esta red criminal el 28 de julio de ese año (2016) contra el personal policial de Salas cuando estos últimos intentaban auxiliar al comunero Roberto Cadenillas Rojas.

La sustentación del Ministerio Público continuará mañana luego de presentar los elementos de convicción para siete de los 12 miembros que fueron capturados el pasado 28 de octubre.