Testimonios complican a banda “El Gran Chaparral”

Acorralados. Entre los diversos elementos presentados por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque para solicitar la detención preliminar de los implicados en la banda “El Gran Chaparral”, figuran las declaraciones de más de 20 personas y dos testigos con clave.

Los detalles y coincidencias existentes entre dichas versiones jugarían en contra de los involucrados en la supuesta organización criminal investigada por diversos crímenes cometidos en la Reserva Ecológica de Chaparrí y la comunidad campesina San Francisco de Asís, en Salas.

CLAVE. Uno de los testigos cuya declaración recoge el Ministerio Público es el signado con el código FECOR-CH-27-03-2018. Esto dentro de las investigaciones en torno al asesinato de Yrineo Martínez Purihuamán, Felicita Cherre Garrido y Juan José Guerro Becerra, comuneros de la comunidad San Francisco de Asís.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía en sus pedido de detención por 15 días, se hace referencia al hecho registrado el 1 de octubre del 2016, al promediar las 6:00 de la mañana, cuando nueve individuos provistos con armas de fuego tipo fusil llegaron hasta los terrenos ubicados en el sector Jahuay Negro del distrito de Salas, de propiedad de las víctimas.

Los hombres, al parecer, habrían llegado al sitio con apoyo de Víctor Daniel Flores López, uno de los investigados que cayó el último viernes durante el operativo que permitió desarticular a la banda “El Gran Chaparral”. Entre los atacantes, además, figuraría el también detenido Adán Cruzado Carranza. Este último, incluso, tendría responsabilidad en las graves lesiones ocasionadas a Edwin Linder Cruz Llatas, otro de los comuneros afectados.

Para la Feccor, esta información revela el grado de violencia con la que actuaba la supuesta organización criminal, que con frialdad utilizaba tanto armas de fuego como machetes para reducir a sus víctimas.

A su vez, el testimonio del testigo con clave FECOR-CH-08-2018 es parte de las pesquisas sobre el homicidio de José Napoleón Tarrillo Astonitas, quien era teniente gobernador del caserío “El Mirador”, en Chongoyape”. Tres días antes de su muerte, este último había convocado a una reunión con el fin de reorganizar las rondas campesinas y sacar a los invasores de la reserva de Chaparrí.

Tarrillo Astonitas ya habría recibido amenazas por parte de Hipólito Cuzado Carranza y de su hijo, Javier Cruzado, quienes le señalaban que “si no se ponía de su lado que se atenga a las consecuencias”. También, se menciona que durante la mencionada reunión convocada por Tarrillo, Javier Cruzado habría levantado la mano para decirle “no lo vas a lograr”, refiriéndose a la expulsión de los invasores, a lo que la autoridad respondería que “organizados lo tenían que lograr”.

CORROBORAN. Además de los testigos con clave, la Fiscalía ha consignado diversas declaraciones brindadas por al menos 27 personas, entre las que figuran agraviados, testigos e, incluso, algunos de los imputados.

Se encuentra, por ejemplo, el testimonio de Lucio Sembrera de la Cruz, quien figura como agraviado en unas de las imputaciones por tentativa de homicido contra los implicados en la banda “El Gran Chaparral”.

Él denunció haber sido atacado por un grupo de desconocidos, quienes llegaron en moto lineal hasta su vivienda, en el caserío Tempón Bajo (Salas) y empezaron a disparar, diciéndole que esto era una represalia por haberlos desalojados de las tierras de la comunidad San Francisco de Asís, que por entonces estaba a cargo de Sembrera.

También figuran las declaraciones de los agraviados y testigos del caso de presunto secuestro del cual también se sindica a los investigados. Tales hechos se dieron el 19 de enero del 2016, cuando la jueza Silvia Elizabeth Meléndez García, del Juzgado Mixto de Motupe, acudió al fundo Monte Oré, en Salas, para una diligencia de inspección a raíz de la demanda interpuesta por Osiel Chupillón Álvarez.

Sin embargo, en el lugar, habrían sido sorprendidos por los hermanos Jorge, Javier y Casimiro Cruzado Carranza, quienes llegarían al extremos de cerrar con candado el ingreso a la zona, impidiendo el retiro de quienes participaban en la inspección por espacio de una hora. Solo la intervención policial permitió que puedan salir.

Cabe indicar que, dentro de cada una de las imputaciones hechas contra los implicados en “El Gran Chaparral”, figuran diversas declaraciones que corroboran lo dicho por otros testigos o agraviados, como también sucede en el caso del asesinato de Felicita Cherre Garrido.

Además, existen testimonios de imputados que, de alguna forma, terminan jugando en contra de la presunta banda, como es el caso del reo José Antonio Maluquis Pinedo, quien dijo que su vecino, el también investigado Elías Delgado Castro, le pidió, en septiembre del 2016, que buscara personal y movilidad para recuperar un terreno de mil hectáreas en la localidad de Salas.