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La intimidación a los jueces y fiscales se ha convertido en una constante durante los últimos años y, con ello, la necesidad de solicitar protección para sus vidas, de modo que las investigaciones contra mafias organizadas no se vean estancadas.

CASOS. En Lambayeque, es muy bien conocido el caso del zar anticorrupción, Juan Manuel Carrasco Millones, quien no solo se encarga actualmente de investigar a profundidad el caso de la presunta red criminal “Los Limpios de la Corrupción”, sino que también, en su destacable legajo, registra el haber desbaratado la organización criminal “La Gran Familia”, liderada por Ángel León Arévalo (a) “Viejo Paco”.

Otro de los fiscales que cuenta con seguridad personal, debido a que tiene en sus manos uno de los casos más emblemáticos de lucha contra la corrupción, es Lucio Zapata Orozco. Él es quien dirige la investigación sobre la organización delictiva que habría creado el exalcalde Roberto Torres.

En Lambayeque, también es bien conocida la problemática de las azucareras, la misma que recayó en manos del juez Oscar Tenorio Torres, quien sería otro de los magistrados que cuenta con seguridad personal.

PROTECCIÓN. El coronel Wilman Carrasco Becerra, jefe de la Dirtepol Chiclayo, confirmó que son tres los magistrados que cuentan con seguridad personal, luego de haber solicitado dicha medida y de que esta fuera evaluada por la Policía Nacional del Perú.

“A fiscales dos y a jueces uno, no voy a decir nombres (…) es una información reservada”, expresó Wilman Carrasco.

La autoridad policial, manifestó que la seguridad a los magistrados se viene brindando desde hace ocho meses; no obstante, dijo que existen más solicitudes, pero que las mismas vienen siendo evaluadas.

“Lo que estamos haciendo es una apreciación de inteligencia de un informe emitido por ellos (magistrados), con la finalidad de verificar si es procedente o no el resguardo de seguridad personal”, expresó el jefe de la Dirtepol Chiclayo.

EVALUACIÓN. Mientras en Chiclayo se vive un tiempo de corrupción y cuestionamientos a jueces y fiscales, sorprendió la evaluación durante el referéndum realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, donde se demostró que de 350 magistrados, solo 14 fiscales y 3 jueces fueron desaprobados.

JALADOS. Los jueces jalados son Silvia Elizabeth Meléndez García, con 10.40; Juan José Herrera Sánchez, con 9.67 y Oscar Rómulo Tenorio Torres con la más baja calificación: 8.54.

En el caso de los fiscales desaprobados, tenemos a Carlos Napoleón Ticona Pari (10.46), Esdras Sánchez Moreno (10.31), Enrique Montenegro Guimaraez (10.18), Balcazar Laguna Keyla Maribel (10.17), Franklin Olivera Samamé (10.14) y Juan Francisco Mogollón Castillo (10.9).

Así también, Diana Vanessa Díaz Reyes (10.07), Carlos Enrique Ucañay Millones, Kerstin Ivonne Rivera Herrera (9.74), Rosa Stany Falla Salazar (9.52), Elmer Johnston Alva León (9.33), Juan de Dios Marca Durand (9.33), Jesús Eduardo Delgado Callergos (6.85) y Rocío Jannet Rojas Herrera (00 -no tuvo votación-).

APROBADOS. No obstante, resaltan en la lista jueces y fiscales con calificaciones óptimas; tal es el caso de los cuatro primeros puestos entre los jueces: River Enrique Bravo Hidalgo (15.86), Juan Riquelme Guillermo Piscoya (15.74), Juanita Múñoz Mondragon y Cecilia Costa Gonzales, quien actualmente tiene a su cargo el juicio contra la presunta red criminal “Los Limpios de la Corrupción”.

Asimismo, en la lista de fiscales aprobados tenemos a César William Bravo Llaque (16.80), Sergio Lucio Zapata Orozco (16.64), Carlos Enrique Osores Padilla (15.98), Ever José Castillo Castillo (15.94) y Juan Manuel Carrasco Millones (15.90).

Como se conoce, los fiscales Sergio Zapata Orozco y Juan Manuel Carrasco Millones, tienen a su cargo el emblemático caso de la presunta red criminal “Los Limpios de la Corrupción”, liderada por el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, hoy preso en el penal de Chiclayo (exPicsi).

El decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Víctor Anacleto Guerrero, indicó que la evaluación a los magistrados se basó en la forma cómo motivaron sus resoluciones y en si tuvieron celeridad en sus procesos.

También se consideró, dentro de la evaluación, el trato que tuvieron los magistrados y si demostraron honestidad.

Anacleto Guerrero, precisó también que fueron 2 mil abogados los que evaluaron la labor desempeñada por jueces y fiscales; no obstante, aclaró que quienes no conocían a los magistrados no evaluaron.

Miranda Vidaurre, calificó de subjetivas las evaluaciones hechas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), acotando que el único que tiene el encargo directo de evaluar a los fiscales y magistrados es el Consejo Nacional de la Magistratura; asimismo, refirió que estas evaluaciones de alguna manera terminan influyendo de manera importante en la opinión pública.

“Nosotros no estamos en contra de las evaluaciones, pero estas deben ser más objetivas y no basarse en que si me cae o no me cae, es feo o bonito, deben opinar realmente los abogados que han tenido algún caso con un fiscal, porque es natural, el litigio es así, uno gana y otro pierde”, manifestó Miranda Vidaurre.

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