Yehude Simon es detenido en Lima por caso Olmos

Actualizado el 25/02/2020, 11:11 a.m.

Escrito por Melissa Romero

Gran revuelo generó en Chiclayo la detención preliminar dictada por el Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria contra el expresidente regional, Yehude Simon Munaro (72), y el exgerente general del Proyecto Especial Olmos - Tinajones (PEOT), Pablo Enrique Salazar Torres (69), por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, para que esta se asegure la ejecución de las obras de trasvase del Proyecto de Irrigación Olmos.

El mandato judicial también dispuso el allanamiento de las propiedades que, según el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y Sunarp, guardaban relación con los investigados.

Por ello, cinco fiscales del Equipo Especial Lava Jato se trasladaron ayer hasta la capital de la Amistad, a fin de incautar información relevante para las pesquisas en cinco inmuebles.

DILIGENCIAS

Desde muy temprano ingresaron a la vivienda de la suegra de Simon, ubicada en calle Las Acacias 150 de la urbanización Santa Victoria, donde el expremier tenía una oficina para atender asuntos de su partido Juntos por el Perú (JP).

Esta diligencia culminó a las 02:00 de la tarde, y desde ahí fiscales y policías de la División de Investigaciones Alta Complejidad (DIVIAC) se dirigieron al distrito de Puerto Eten (a 20 minutos de Chiclayo) para constatar tres terrenos que, en Registros Públicos, aparecen a nombre de quien fue premier durante el segundo gobierno del fallecido expresidente, Alan García.

Cabe señalar que todo el operativo fue liderado por el fiscal adjunto, Walter Villanueva Luicho, quien ordenó el lacrado de las memorias USB que fueron encontradas en la oficina que Simon ocupaba en calle Las Acacias.

Al retirarse dijo que estos dispositivos serán analizados por peritos para establecer si guardan información que podría ser clave para esclarecer el caso.

‘GORNO’ y ‘TERCO’

La hipótesis que maneja el Equipo Especial Lava Jato señala que Simon lideró una presunta organización criminal, la cual habría operado en Lambayeque entre los años 2006 y 2007, cuando él se desempeñaba como presidente regional.

Asimismo, que uno de sus principales cómplices habría sido Salazar Torres, quien dirigió el PEOT, y tras retirarse de la función pública se dedicó al negocio de la gastronomía en Lima.

La imputación contra ambos advierte que el proceso de concesión del “Proyecto Trasvase e Irrigación de Olmos” habría sido direccionado a favor de la empresa brasileña, a cambio de coimas.

El primer indicio al respecto es el registro del Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de Odebrecht, donde fueron consignados los codinomes ‘Gorno’ y ‘Terco’ referidos al emblemático proyecto lambayecano. De esta planilla secreta habrían salido pagos por los montos de $ 78,000 y $ 15,000.

También está la afirmación que dio en enero pasado el exejecutivo brasileño, Jorge Barata - hoy sometido a un acuerdo de colaboración eficaz - sobre que Odebrecht destinó 300,000 dólares americanos de la Caja 2 para financiar la campaña electoral reelecionista de Simon Munaro en el año 2006 y que ese monto fue entregado a Pablo Salazar y a Luis Javier Jorge Málaga Cocchella (fallecido).

HORAS PERDIDAS

En razón a que el exgerente del PEOT también fue capturado en la capital, la Fiscalía dispuso el allanamiento en un departamento dúplex ubicado en la avenida Miguel Grau N° 1078 de la urbanización Santa Victoria, que aparecía en la ficha Reniec de la esposa de Salazar, María Asalde. Al acudir a esta propiedad, las autoridades descubrieron que había sido alquilada al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas.

Luego de permanecer casi seis horas al interior de este inmueble, el fiscal Walter Villanueva señaló que no se encontraron aspectos relevantes para la presente investigación. En tanto, Gasco indicó que debió acreditar el contrato original de arrendamiento para demostrar que no es el dueño y que no tiene ninguna vinculación con la familia Salazar - Asalde.

Agregó que el año pasado alquiló la vivienda a los esposos, Maritza Cubas y Ricardo Cruzado, quienes serían los nuevos propietarios.

Cabe mencionar que personal de Asesoría Legal y de la Gerencia de Imagen Institucional del municipio de Chiclayo estuvieron presentes en la diligencia, pues dijeron que era necesario aclarar la situación del burgomaestre, para evitar que se tergiverse lo sucedido.