:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) emitió un pronunciamiento público en el que alerta a la ciudadanía sobre los graves riesgos que implica el Proyecto de Ley que restituye la competencia municipal sobre el transporte urbano en Lima y Callao, presentado por la congresista Patricia Chirinos Venegas. La propuesta busca derogar la Ley N.º 30900, disolver la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y devolver la planificación del transporte a los municipios, fragmentando el Sistema Integrado de Transporte (SIT).
Según el documento, la ATU fue creada para corregir décadas de informalidad, caos y superposición de rutas, y ha permitido avances técnicos como la implementación de un nuevo Plan Regulador de Rutas, procesos de renovación de flota y mejores capacidades de fiscalización. Además, destaca que el Decreto Legislativo N.º 1678 ha otorgado a la ATU funciones regulatorias esenciales para estructurar un sistema tarifario unificado y ordenado.
Consecuencias de eliminar la ATU:
- Se rompería la planificación unificada del transporte urbano entre Lima y Callao, regresando a la descoordinación entre municipios.
- Se cancelaría la integración tarifaria y operativa, afectando la interoperabilidad entre buses autorizados, corredores complementarios, el Metropolitano y líneas del Metro.
- Se debilitaría la fiscalización técnica, al pasar esta función a autoridades sin continuidad institucional.
- Se anularía el régimen formal de autorizaciones, afectando iniciativas de renovación de flota y uso de energías limpias.
- Se interrumpirían políticas públicas de movilidad sostenible promovidas en el marco del D.L. 1678.
ACTU advierte que los únicos beneficiados serían los sectores ilegales e informales del transporte, que lucran con la desregulación y el desorden urbano, afectando directamente a los ciudadanos con inseguridad, congestión y contaminación.
Llamado al Congreso
En el pronunciamiento, la ACTU exhorta al Congreso de la República a rechazar esta propuesta legislativa por considerarla regresiva, ineficaz y perjudicial. “El transporte público no puede retroceder en un momento de cambio político. Debe ser protegido como un derecho fundamental”, concluye el comunicado.
