Los alcaldes de los 16 distritos de la provincia de Cañete, junto con la gobernadora regional de Lima, manifestaron su rechazo al traslado del centro de rehabilitación Maranguita a San Antonio, una medida adoptada por el Ministerio de Justicia sin previa consulta ni coordinación con las autoridades locales.

Según denunciaron, en declaraciones a Canal N, el ministerio notificó la decisión el último viernes sin brindar detalles sobre el proceso de reubicación ni la ubicación exacta del proyecto.

El alcalde de San Antonio, distrito afectado, aseguró no haber recibido comunicación formal alguna, lo que generó malestar entre la población y sus representantes.

Preocupación por seguridad y desarrollo económico

Los burgomaestres de San Antonio, Chilca, Santa Cruz de Flores y Mala, entre otros, coincidieron en que la instalación del penal podría afectar la seguridad y el desarrollo económico de la zona.

Argumentaron que sus distritos han impulsado inversiones en turismo y seguridad ciudadana, estrategias que se verían perjudicadas con la llegada del centro penitenciario.

Además, señalaron que el traslado no siguió un proceso técnico ni administrativo adecuado, y que no existe ningún convenio que respalde legalmente el proyecto en Cañete.

Gobernadora de Lima se pronuncia

La gobernadora regional de Lima también se sumó al rechazo, calificando como “inaceptable” que una decisión de tal magnitud se tome sin consultar a las autoridades regionales y locales.

Criticó la falta de información sobre los terrenos seleccionados y exigió mayor transparencia en el proceso.

En respuesta, los alcaldes y la gobernadora se reunirán con el ministro de Justicia para presentar formalmente su oposición. La población, por su parte, anunció movilizaciones y acompañará a sus autoridades a Lima para exigir la suspensión del proyecto.

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