Centros juveniles del país albergan a 2123 infractores

Deberían ser espacios seguros, donde los adolescentes en conflicto con la ley penal puedan rehabilitarse de forma integral; sin embargo, la realidad es otra. Los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR), aún a cargo del Poder Judicial (PJ), se han convertido en bombas de tiempo debido a sus deficientes infraestructuras, hacinamiento, déficit de profesionales encargados de la seguridad y educación, ausencia de un régimen de tratamiento y, sobre todo, falta de presupuesto. 

Los nueve centros de todo el país, que albergan a un total de 2123 menores infractores, son considerados por el propio gerente de los CJDR, Julio Magán Zevallos, como “inadecuados”; pues se trata de casonas antiguas y diseñadas para otros usos. 

“Todas las infraestructuras están mal. Si Defensa Civil hace una inspección, declararía a todos inhabitables; porque ninguno ha sido construido para albergar a decenas de menores”, señaló.Aunque este panorama se percibe a nivel nacional, el centro juvenil de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en San Miguel, es el que presenta mayores problemas. Eduardo Bless, alcalde del citado distrito, señaló que este lugar no cumple con los estándares que requiere una institución en materia de seguridad. 

“Un local como este, que tiene más de 80 años, no cumple las condiciones para ser un centro de rehabilitación”, sostuvo.

DESORDEN

“Esto origina que haya poco control y consecuencias negativas en la rehabilitación”, manifestó.Al respecto, Magán Zevallos precisó que el ritmo de crecimiento de la población en los centros juveniles es de 5% cada año. Pese a ello, la capacidad de albergue se mantiene igual desde 1997. “Si no se ejecutan cambios, hemos proyectado que en 2021 vamos a tener 6651 internos y el sistema continuará con espacio para solo 1496. Eso es una locura”, refirió.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia (Minjus), los centros juveniles en el país registran una sobrepoblación, en algunos casos, de hasta 200%. Los más afectados son los locales de Pucallpa, Trujillo y Lima (ver infografía).

A esto se suma, según Magán Zevallos, el déficit de personal encargado de la seguridad. “Contamos con 197 agentes de Protección Interna. Cada uno, en promedio, debe vigilar a 12 adolescentes. Sin embargo, lo ideal es que uno se encargue de cinco menores. Esto nos lleva a requerir de 229”, estimó. 

Lo mismo ocurre con los empleados que realizan el tratamiento El ideal es que un equipo técnico atienda a 30 adolescentes y un educador, a ocho.“También tenemos inconvenientes en el diseño del régimen de tratamiento, por eso estamos realizando una consultaría para ver cómo logramos cambiar a los menores”, señaló.

¿AVANCES? 

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró a este diario que a mediados del próximo año culminará este traspaso; por lo que se cumpliría con lo establecido. Asimismo, comentó que la comisión está trabajando en resolver la transferencia del patrimonio mobiliario y de los trabajadores, quienes se oponen a dejar el órgano administrador de justicia porque perciben más beneficios.

Sin embargo, Magán Zevallos reveló que con el cambio de ministro en el sector Justicia no se ha avanzado en el tema; porque se dejó la comisión sin representantes y aún no se han nombrado a los nuevos. “Yo espero que esto se resuelva pronto. Nosotros hemos planteado que pasemos al Minjus como un organismo público ejecutor al igual que el Inpe -es decir, que tengamos autonomía normativa, administrativa y económica- y hemos planteado denominarnos Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía (Incca)”, acotó.

CIFRAS

10 años es ahora el máximo de pena que puede recibir un adolescente infractor.

40 millones 717 mil 29 soles es el presupuesto de la gerencia de CJDR.

San Miguel