:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Cientos de conductores de empresas de transporte público paralizaron ayer sus actividades en protesta por la criminalidad que pone en jaque sus labores y sus vidas.
Los trabajadores, pertenecientes a la Empresa de Transporte Santa Catalina, y la Empresa de Transporte 11 de noviembre (EMPTONSA), denunciaron que están totalmente abandonados a su suerte por las autoridades, que hasta ahora no pueden aplicar medidas efectivas contra la delincuencia.
La primera de estas compañías paralizó sus actividades luego de que uno de sus conductores sufriera un ataque a balazos, a la altura de la estación Bayóvar del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. La unidad estaba llena de pasajeros.
Peligro mortal. De milagro, todos los ocupantes de la unidad resultaron ilesos. No obstante, el peligro sigue siendo latente.
“Se alinean o dejamos un chofer muerto. Tienen 24 horas para llamar”, se leía en una misiva enviada a la empresa poco después del mencionado ataque armado.
Los conductores denunciaron que la empresa Santa Catalina sufre amenazas y ataques extorsivos desde septiembre de 2024, situación que los aterra.
En tanto, los trabajadores de Emptonsa suspendieron por completo sus operaciones luego del asesinato del conductor Jonathan Silva Padilla, quien no había recibido amenazas, denunciaron.
Los choferes, conductores y demás trabajadores denunciaron quelas bandas criminales les exigen pagos diarios de cinco soles por cada bus, a cambio de no atentar contra sus vidas.
Según denunciaron, ellos entregan cuotas a sus despachadores -junto con el pago por derecho de administración- para que sean alcanzadas a los delincuentes, a fin de que cuenten con “seguridad” en la ruta. Sin embargo, señalaron que las amenazas no cesan a pesar de que cumplen con la exigencia de los cupos.
