La Defensoría del Pueblo dio a conocer en el Congreso el contenido de su informe sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima, señalando que el contrato suscrito al respecto “ha sido desnaturalizado” y que su ejecución “ha afectado al interés público”.
El titular de esta institución, Josué Gutiérrez, indicó que en este contrato, firmado con el consorcio Rutas de Lima, se efectuaron “más de 30 modificaciones mediante actas y una adenda, que lo que han hecho es generar prejuicio”.
Precisó que lo que ha propiciado esta situación es que el Estado peruano esté “cofinanciando” un proyecto que originalmente no iba a demandar “un solo sol” del erario público.
Sin embargo, la construcción de los tramos integrantes del proyecto y la manutención de las vías vienen siendo pagadas por el Estado, indicó.
Asimismo, cuestionó que se haya eliminado derivar el 4% de la cobranza bruta anual por peajes a la Municipalidad de Lima, pese a que ello se estableció inicialmente.
Conclusiones
“De ser autosostenible hemos pasado a que sea complementado con el pago del Estado y se ha hecho prácticamente gratuito” para el concesionario, dijo Gutiérrez refiriéndose al proyecto vial. “Es decir, los fines que motivaron este contrato han sido desnaturalizados”, añadió.
En ese sentido, señaló que “se ha afectado el interés público”. “En el caso del Peaje Chillón hay una afectación de derechos que hemos ido señalando en el nivel jurisdiccional, tanto ante el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional”, añadió el Defensor del Pueblo.
Gutiérrez entregó a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del Congreso un informe hecho por la Defensoría sobre este tema que, dijo, consta de más de 300 páginas, y que contiene conclusiones y recomendaciones para evitar que el ámbito público siga perjudicándose por la situación descrita
