Un motín en el penal Castro Castro dejó un saldo de nueve fallecidos/Foto: GEC
Un motín en el penal Castro Castro dejó un saldo de nueve fallecidos/Foto: GEC

Un motín en el penal Miguel Castro Castro dejó un saldo de nueve reclusos muertos y 67 heridos entre internos, agentes penitenciarios y efectivos policiales. Al respecto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó en un comunicado que los incidentes se iniciaron cuando los presos, que portaban armas punzantes y objetos contundentes, quemaron colchones y lograron subir a los techos “con el objetivo de impedir el acceso de las fuerzas del orden y así fugarse masivamente”.

Para Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, las muertes deben ser investigadas por el Ministerio Público. En diálogo con Correo, aseguró que no existe controversia sobre el tema pues toda muerte violente debe pasar por un proceso de indagación.

Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. (GEC)
Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. (GEC)

¿Se va a solicitar un reporte sobre la muerte de los 9 internos? ¿Cuál es la postura de la Defensoría del Pueblo?

Toda muerte es lamentable y debe ser investigada. El deber del Estado es proteger la vida de todos los ciudadanos sin distinción. Y estos supuestos fallecimientos en penales deben ser investigados diligentemente por el Ministerio Público, no hay controversia alguna sobre qué es lo que toca, no podría haberla. Son muertes violentas, tienen que investigarse, tiene que saberse si se utilizó la fuerza, las armas de fuego, de la manera que prescribe la ley, los reglamentos.

¿El Ministerio Público debe iniciar una investigación?

La Defensoría del Pueblo solicita que el Ministerio Público lo investigue, de hecho lo hace de oficio. Ese pedido ya ha debido ser cursado, queremos saber cómo van las investigaciones en relación al hecho, son investigaciones que van a tardar, pero tienen que realizarse, son investigaciones muy complejas que involucran el análisis de las necropsias y va involucrar llamar testigos, hacer pruebas químicas, una serie de actos de investigación que son complejos, pero tienen que hacerse no. Esta coyuntura tampoco facilita ello.

¿Han planteado alguna medida específica sobre los indultos?

Eso lo hemos planteado hace como 3 semanas, la Defensoría ha publicado un informe donde propone, a principios de abril propusimos que esta era una fórmula para reducir la población penitenciaria tomando los debidos recaudos para que los internos peligrosos no fueran excarcelados, eso lo publicamos. Hace dos semanas hemos sacado otro informe donde proponemos un conjunto de medidas para reducir el hacinamiento y entre ellas el uso de las gracias presidenciales con los debidos cuidados, excepciones con loo internos que han cometido delito grave.

¿Coinciden con la postura del presidente Vizcarra de no liberar a personas que hayan cometido determinados delitos?

Nosotros lo hemos dicho primero. La Defensoría ha hecho la propuesta primero, en el sentido de que debe usar el indulto y gracias presidenciales para reducir el número de interno. Esa fue una propuesta nuestra antes que inicie la crisis del COVID-19 fuerte.

No se incluirían casos como homicidio, feminicidio y similares…

Por supuesto, eso lo hemos dicho claramente. Ningún grave que ponga en peligro a la ciudadanía debe ser objeto de indulto o de una gracia presidencial.

¿En los casos de corrupción?

Si son graves deben también merecer restricciones, estamos hablando de criminalidad organizada y son hechos graves. Pero esa es una valoración que la Defensoría deja en manos del Poder Ejecutivo. El es el que tiene que establecer los delitos que no van a merecer indulto o gracia presidencial. Ningún indulto, gracia u otro beneficio puede poner en riesgo a la sociedad, eso incluye a todos los delitos que tengan que ver con hechos de sangre, esas circunstancias son graves y a juicio de la Defensoría estarían lejos del alcance de las políticas para deshacinar. Al margen de eso, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la salud de toda persona privada de libertad, es una obligación que es ineludible, ningún privado de su libertad está sentenciado a muerte, porque la pena de muerte no existe en el Perú, el Estado tiene que garantizar que cada uno pueda recibir la atención médica que necesita para preservar la salud.

¿Están elaborando un reporte sobre la cifra de infectados en los penales a nivel nacional?

Hemos pedido la información pero aún no tenemos respuesta oficial, la hemos reiterado hace una semana. Salvo los anuncios del ministro de Justicia no hay ninguna otra información oficial.

Sobre los 510 cadetes y alumnos infectados ¿han iniciado una indagación?

Hemos solicitado información sobre el particular. Hemos solicitado información a nivel nacional sobre todas las escuelas policiales, sobre la situación en ellas, para que se nos informen las medidas de prevención y atención.