Un mercado negro de chips de telefonía móvil activados, vendidos sin requerir documentación personal por apenas S/20, se ha identificado como el principal motor de las extorsiones en el país.
De acuerdo a un informe de “Punto Final”, esta práctica permite a las mafias suplantar identidades de miles de ciudadanos, quienes figuran como titulares de líneas utilizadas para cometer delitos.
A pesar de una ley que penaliza la venta ambulatoria, el sistema regulatorio presenta fallas y las sanciones millonarias a las operadoras no se ejecutan.
El dominical demostró la facilidad con la que se puede adquirir un chip activado en puestos ambulantes del Cercado de Lima a nombre de un tercero, sin ninguna verificación biométrica o de identidad. Un ciudadano de Collique fue identificado como titular de siete líneas telefónicas que nunca contrató, un patrón que se repite a nivel nacional.
El Congreso aprobó en 2023 la Ley 32451, que busca combatir este delito al penalizar con hasta nueve años de prisión la venta ambulatoria de chips. No obstante, la normativa aún no es efectiva debido a fallas en el sistema de fiscalización.
Luis Pacheco, director de Fiscalización de Osiptel, reconoció que la herramienta para rastrear la contratación y activación de líneas móviles, ordenada por la ley, “aún no está operativa, pese a la urgencia”.
La urgencia se refleja en las estadísticas: Osiptel reportó que las solicitudes de información de las autoridades sobre líneas vinculadas a delitos pasaron de solo 220 en 2020 a más de 90 mil en 2025.
El exdirector de Osiptel, Rafael Muente, reveló que durante el debate de la Ley 32451 se eliminó un párrafo que establecía responsabilidad penal para los altos funcionarios de las operadoras que toleraran estas activaciones fraudulentas.
Aunque Osiptel ha impuesto multas que superan los 125 millones de soles a las empresas de telefonía entre 2019 y 2025 por incumplir las condiciones de venta, la realidad es que “ninguna” de estas sanciones ha sido pagada, ya que todas están judicializadas.
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