El estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte para combatir la delincuencia en Lima y Callao comenzó con un preocupante saldo de tres asesinatos en las primeras horas de su implementación.
Las víctimas:
- Un reciclador, acribillado en San Juan de Miraflores.
- Una trabajadora del transporte urbano, asesinada en Bellavista, Callao.
- Un chofer de autobús, baleado en Villa María del Triunfo.
Estos crímenes ocurrieron poco después de la publicación del decreto en el Diario Oficial El Peruano, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la medida.
Poca presencia de Fuerzas Armadas y Policía en las calles
A pesar del anuncio del despliegue de militares y policías, medios locales han reportado que la presencia de efectivos en las principales calles de Lima y Callao ha sido mínima.
Equipos periodísticos recorrieron zonas de alta incidencia delictiva, como el Centro Histórico de Lima, Vía Evitamiento y Barrios Altos, sin encontrar un fuerte contingente policial o militar. En zonas críticas como Puente Nuevo, se evidenció la falta de operativos visibles.
Restricciones y medidas durante el estado de emergencia
Duración: 30 días.
Derechos restringidos:
- Libertad de tránsito y reunión.
- Inviolabilidad del domicilio (permitiendo intervenciones sin orden judicial).
- Libertad y seguridad personales.
Objetivos anunciados:
- Lucha contra el sicariato y la extorsión.
- Control de armas y municiones.
- Refuerzo del control migratorio.
Exigen la salida del ministro del Interior
El asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha intensificado la crisis de seguridad en el país. Diversos sectores políticos han exigido la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acumulando hasta cuatro mociones de censura en el Congreso.
El Gobierno defiende a Santiváñez, asegurando que las investigaciones policiales están en curso y los resultados llegarán pronto.
¿Una medida efectiva?
Desde la pandemia, el estado de emergencia se ha convertido en una respuesta recurrente del Gobierno ante la criminalidad. La última vez que se decretó en Lima fue en septiembre de 2024, tras la ola de extorsiones a transportistas.
Con tres asesinatos en las primeras horas, escasa presencia militar en las calles y un Gobierno enfrentando críticas, el impacto real de esta nueva emergencia aún está por verse.
