Militares continuarán apoyando a la Policía Nacional en patrullaje. El estado de emergencia fue declarado inicialmente el 2 de febrero.
Militares continuarán apoyando a la Policía Nacional en patrullaje. El estado de emergencia fue declarado inicialmente el 2 de febrero.

El Poder Ejecutivo amplió el estado de emergencia por 45 días más en Lima Metropolitana y el Callao a fin de continuar enfrentando la ola delictiva que azota a ambas regiones. De esta manera, los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) continuarán apoyando a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el patrullaje y control del orden interno.

Según el , publicado hoy, jueves 28 de julio, la medida comenzará a regir desde el martes 2 de agosto.

De acuerdo a la norma, durante el estado de emergencia se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política.

Además, la intervención de la PNP y de las FF.AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía; y en el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE, respectivamente.

También establece que la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao se efectuará en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.

Cabe indicar que, el 2 de febrero, el Gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 45 días, mediante el DS 012-2022-PCM. Dicha situación ha venido ampliándose en los meses siguientes, registrándose la última prórroga el 18 de junio.

Con dicha medida se busca “continuar con las operaciones dirigidas a reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana”, indica el decreto supremo.

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