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Minutos antes del asesinato del rondero José Napoleón Tarrillo Astonitas (50), cuatro desconocidos llegaron a su pequeña bodega, ubicada en el caserío El Mirador, en Chongoyape, región Lambayeque.
Tras pedir cuatro cervezas, los sujetos aprovecharon el primer descuido de su víctima para golpearlo, atarlo de manos y pies, y luego asfixiarlo con un cable hasta dejarlo sin vida.
La viuda de Tarrillo Astonitas señaló que, días antes del crimen, su esposo recibió amenazas de muerte por proteger el área intangible de la Reserva Ecológica de Chaparrí de las constantes invasiones. Un destino fatal también tuvo el dirigente de las rondas campesinas del distrito fronterizo de San Pedro de Putina Punco, región Puno, José Santos Ccamapza Paxi (43), cuando fue ultimado de un disparo en la cabeza en el interior de su vehículo, en diciembre.
Ya en agosto del año pasado, Ccamapza Paxi logró burlar a la muerte cuando encapuchados dispararon contra su unidad. Tras denunciar el hecho, el rondero indicó que extraños, que se dedican al narcotráfico, pretendían callarlo. Sin embargo, aseguró no tener miedo de morir por su pueblo. Y así fue.
DESPROTEGIDOS
El coordinador nacional de las Rondas Campesinas, Hortencio Julcahuanca Orozco, indicó que, pese a haber transcurrido varios días de los citados crímenes, las investigaciones policiales para capturar a los responsables no prosperan. Julcahuanca Orozco señaló que solo en Lambayeque existen alrededor de ocho mil ronderos que dejan sus chacras y sus tierras para organizarse con sus propios recursos y mantener vigiladas a sus comunidades.“Hay delincuencia y la Policía no hace nada por la seguridad, pese que es su competencia. Nosotros trabajamos para solucionar problemas de forma inmediata, pero en muchos casos no tenemos el apoyo de las autoridades. Las rondas luchan por el anciano, el niño y la mujer”, dice el dirigente.
UN ESTADO DÉBIL
Por su parte, la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo (DP), Alicia Abanto Cabanillas, señaló que las rondas campesinas son una organización importante del sector rural, cuyo fin es la defensa de la seguridad de sus miembros, quienes no cuentan con un pago y que muchas veces están desprotegidos para enfrentar diversas situaciones de conflicto en sus comunidades, desde la delincuencia hasta el narcotráfico. Aunque se desconoce el número exacto de sus integrantes, se calcula que en los últimos 20 años han crecido en número y ubicación, especialmente en las regiones de Cajamarca y Puno, señala la representante de la DP, quien resalta que este crecimiento responde a que el Estado ha sido “débil” en materia de seguridad. “Si no hay comisarías, si no hay seguridad estatal, se crean rondas. Esta es una realidad y hay que comprenderla”, indicó la adjunta.EXCESOS
Si bien la Ley N°27908, Ley de Rondas Campesinas, establece las atribuciones que tienen estos grupos organizados para desarrollarlas dentro del marco de los derechos fundamentales, Abanto Cabanillas señala que existen inconvenientes debido a la interpretación que dan los ronderos al marco legal y que ha conllevado a que se cometan excesos. “En diversas ocasiones, algunas rondas campesinas han cometido excesos y han vulnerado derechos de la persona civil y de las mismas autoridades”, menciona.
Instituciones
Hay que trabajar con las rondas La defensora adjunta Alicia Abanto afirmó que su institución valora el esfuerzo de las organizaciones de ronderos y ronderas en el país en favor de la seguridad. Señaló que el Congreso de la República debe trabajar una ley sobre coordinación entre rondas y entidades del Estado. “Se necesita que haya un adecuado marco de coordinación donde haya protección para las rondas y un respeto para las autoridades”, dijo.
