Diez meses después de las inundaciones que destruyeron casas, negocios y terrenos agrícolas de los vecinos de Santa María Baja, en Huachipa, muchos de los afectados siguen viviendo de manera muy precaria. La noche del 16 de marzo de 2017, Mayra Morales tuvo que salir de inmediato de su vivienda, junto a su hija de dos años, cuando el agua empezó a ingresar a su hogar. Pese a que el día siguiente ella y su esposo sacaron todo el lodo de su hogar, hasta la fecha no cuentan con agua, pues el pozo de donde extraían el recurso no ha sido rehabilitado. “Es verano y hasta ahora no tenemos agua. Imagínate, ahora con el calor necesitamos más para el aseo de los niños”, agregó Mayra. Una historia similar es la de Irene Sánchez y sus cuatro hijos, quienes siguen viviendo en una carpa instalada sobre un terraplén, el cual fue dejado como parte de la ampliación inconclusa de la avenida Ramiro Prialé, a cargo del consorcio Rutas de Lima y su empresa socia Odebrecht.
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