La Municipalidad de Lima (MML) expresó su rechazo a la demanda presentada por Brookfield ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mediante la cual la empresa exige al Estado peruano una restitución de más de 2,700 millones de dólares por el valor de Rutas de Lima S.A.C.
Según el comunicado de la MML, esta acción representa un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional, que suspendió el cobro del peaje de Chillón por considerarlo lesivo para la ciudadanía. La gestión municipal liderada por Rafael López Aliaga ha impulsado medidas para intervenir en la concesión de la autopista Ramiro Prialé, lo que ha generado el reclamo de Brookfield, que alega la violación de la seguridad jurídica.
El documento también responsabiliza al juez Chávez Tamariz por la demora en la sentencia contra la exalcaldesa Susana Villarán, cuyo gobierno municipal firmó el contrato con Odebrecht para la administración de Rutas de Lima.
Asimismo, la MML enfatizó que continuará con el litigio en Washington contra Brookfield, acusándola de haber adquirido acciones de Rutas de Lima a Marcelo Odebrecht, a pesar de que este ya había sido sentenciado por corrupción en Perú.
Este enfrentamiento reaviva el debate sobre la legalidad de la concesión de peajes y la intervención del municipio en proyectos de infraestructura. Mientras Brookfield reclama una indemnización, la Municipalidad de Lima defiende su derecho a intervenir en la gestión vial en beneficio de la ciudadanía.
