PJ admite demanda de la MML por mil millones de soles contra concesionarios del Metropolitano
PJ admite demanda de la MML por mil millones de soles contra concesionarios del Metropolitano

Una demanda por 1,000 millones de soles interpuesta por la  (MML) en contra de los concesionarios del , fue admitida por el 37 Juzgado Civil de Lima, informó el municipio capitalino a través de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo al documento compartido por la MML, la acción judicial busca "traerse abajo un convenio suscrito en abril de 2012" que funcionarios de la gestión de  accedieron cumplir, con lo que se aceptó a su vez a pagar millonarias compensaciones a los operadores del Metropolitano en forma irregular.

"La demanda comprende a las empresas operadoras Lima Vías Express SA, Transvial Lima SA y Lima Bus Internacional SAC, a las que se exige pagar compensaciones por más de 1,000 millones de soles 'debido al enriquecimiento indebido derivado de la celebración del convenio para resolver las discrepancias'", según señala el documento. 

Responsabiliza a la gestión de Villarán 

Del comunicado emitido por el municipio limeño se desprende que el tenor de la acción tomada se enfoca en revertir lo actuado en la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. 

Como lo explicita el documento, "la demanda también busca que los concesionarios restituyan al municipio un monto superior a 70 millones pagado indebidamente por la anterior administración edil, ya que realizó este desembolso pese a que las empresas operadoras nunca cumplieron con fijar la fecha de inicio de la concesión del Metropolitano, que funciona desde hace ocho años pero en etapa de preoperación". 

Cabe precisar, sin embargo, que el Metropolitano fue inaugurado el año 2008, cuando el actual alcalde, , cumplía su segundo periodo al frente de la Municipalidad de Lima. 

La demanda, trascendió, también comprende a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) y Protransporte, alegando que los funcionarios "de entonces", es decir, cuando Villarán era alcaldesa, "admitieron suscribir este convenio que benefició a los operadores pese a que contravenía el artículo 25 de la Ley de Descentralización Fiscal".