El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión Línea Amarilla, administrada por Lima Expresa S.A.C., empresa investigada en el caso Lava Jato por presuntos actos de corrupción durante el gobierno de la exalcaldesa Susana Villarán.
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, resolvió que no existían fundamentos suficientes para aplicar la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
La Fiscalía había pedido la suspensión del cobro en ocho garitas de peaje y que la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A., asumiera la administración judicial de la concesión.
Argumentos de Lima Expresa y decisión judicial
La defensa de Lima Expresa presentó tres argumentos clave:
- Cese de efectos lesivos: La empresa afirmó que desde agosto de 2020 aplica la fórmula tarifaria correcta, avalada por un laudo de la Corte de Arbitraje Internacional de París, y presentó cartas de la Municipalidad de Lima que respaldan su cumplimiento.
- Falta de riesgo procesal: Señaló que toda la documentación relevante ya fue incautada en allanamientos realizados en mayo de 2023, sin riesgo de obstrucción a la investigación.
- Impacto económico: Advirtió que la suspensión del cobro por un año llevaría a su quiebra, afectando a 627 trabajadores, acreedores (incluidos fondos de pensiones) y la recaudación estatal por IGV.
El juez desestimó la comparación con el caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender peajes por falta de vías alternas, señalando que los fundamentos no eran aplicables en este caso.
La Fiscalía investiga a Susana Villarán y otras personas por lavado de activos y asociación ilícita, en relación con presuntos actos de corrupción en la concesión de Línea Amarilla, vinculada a la brasileña OAS.
Entre las irregularidades señaladas está la incorporación del Proyecto Río Verde en 2013 mediante una adenda sin estudios técnicos previos, lo que habría generado un perjuicio económico de más de S/ 20 millones por cobros indebidos.
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