El 2024 se registró un total de 130 denuncias a nivel nacional por hostigamiento sexual laboral, lo cual muestra un incremento de esta infracción. Ante ello, el intendente de Lima Metropolitana de Sunafil Rooswelth Gerardo Zavaleta Benites, dijo que nuestra capital encabeza dicha estadística y espera pronto también tener competencia en el sector público.
¿En cuánto se incrementó el hostigamiento sexual en el trabajo?
De acuerdo a nuestra estadística, en el 2022 se presentaron 60 denuncias de hostigamiento sexual, en el 2023 fueron 59 y en el 2024 hemos recibido 153 denuncias de hostigamiento sexual. Se ha incrementado, pero igual se mantiene un subregistro porque no todas las víctimas denuncian, porque son personas que están subordinadas y son víctimas de ese tipo de conductas por parte de su jefe o de alguien con poder y tienen miedo de perder la estabilidad en el empleo.
¿En qué regiones o ciudades detectaron más casos?
La mayoría está en Lima Metropolitana. Tenemos Lima, Loreto, Junín, Ica, como las regiones en donde mayor registro de estos casos ha habido. Y en las actividades económicas diversas.
¿Dónde se ven más casos de hostigamiento en el sector público o privado?
Bueno, nosotros tenemos solo competencia en el sector privado. En el sector público solamente tenemos competencia para fiscalizar esta materia respecto de trabajadores del régimen 728. No tenemos competencia para fiscalizar respecto a trabajadores que están contratados bajo el régimen 276, CAS, Ley Servir u otros regímenes especiales del Estado. Entonces, en realidad no manejamos la data completa de lo que es sector público.
Eso está mal, ¿no cree?
Es un tema de competencias, de hecho salió la ley 31 151 que ampliaba la competencia de SUNAFIL en general, porque en general nosotros fiscalizamos los derechos y obligaciones de régimen privado y en el sector público solamente respecto de este tipo de trabajadores del régimen 728 y, de los demás regímenes, el ente competente para fiscalizar es Servir. Hay propuestas, hubo esta norma que luego fue declarada inconstitucional por otros motivos por el Tribunal Constitucional, pero los trabajadores constantemente reclaman ello y entiendo que hay iniciativas para modificar y ampliar la competencia de SUNAFIL.
¿Y qué hacen ustedes ante esta situación?
SUNAFIL constantemente viene difundiendo cómo denunciarlo, qué trámite, qué obligaciones tiene el empleador. De hecho, el año pasado se ha logrado orientar a más de 13 000 trabajadores y se cerca de 500 empleadores sobre todos estos temas que involucran a ambas partes. Porque el empleador tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores en qué tipo de conductas constituyen hostigamiento sexual. Cuando hablamos de hostigamiento sexual son insinuaciones, miradas lascivas, roces, tocamientos y conductas sexistas, esas bromas de doble sentido o de connotación sexista. No solamente hay temor, sino también hay que identificarlas.
¿Solo hay denuncias de mujeres o también de hombres?
De las denuncias que hemos recibido hay actos de hostigamiento tanto entre mujeres, entre varones, de varones a mujeres y de mujeres a varones. Incluso en algunos casos mencionan que también el varón que es víctima de hostigamientos de hostigamiento sexual por parte de una mujer, también tiene reparos en denunciarlo. Porque también se sienten expuestos a verse de manera distinta frente a sus compañeros. Creo que son en total 9 casos.
¿Es cierto que los empleadores responsabilizan a la víctima?
Incluso también la sociedad misma. Cuando hablamos de hostigamiento de sexual y la víctima es una dama, dicen, “pero ella lo provocaba, estaba deseada.” Recuerdan que hace años había un caso ahí penal que decían que la agraviada usaba ‘trusa color rojo’ y eso conlleva a inferir que estaba dispuesta a tener relaciones con el imputado. Por ello, para manejar este tema de criterios la norma ha establecido que las empresas deban conformar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual.
Rooswelth Zavaleta
Intendente de Sunafil
Magister de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue asesor legal de la Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
