La arqueóloga Ruth Shady, directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, denunció que ella y su equipo continúan recibiendo amenazas por parte de traficantes de terrenos, mientras el Estado ha dejado de brindar protección en esta zona reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial.
“Antes teníamos cinco policías asignados, un vehículo proporcionado por el gobierno regional y hasta una casa construida para que vivieran ahí. Ahora todo está abandonado. La casa está vacía y no tenemos ni un solo policía”, lamentó Shady, señalando la desprotección actual del lugar.
La situación se ha tornado crítica debido al incremento del valor de los terrenos, lo que ha intensificado el interés de mafias locales. “Una hectárea que costaba seis mil dólares ahora vale más de treinta y ocho mil. Por eso los traficantes están al acecho”, advirtió.
Shady también alertó sobre los asaltos a turistas extranjeros en las rutas hacia el valle de Caral. “Si se transmite que aquí asaltan a los visitantes, nadie va a querer venir”, advirtió.
Finalmente, recalcó que el legado arqueológico pertenece a todos los peruanos y pidió apoyo urgente: “Si destruyen este legado, perdemos una historia que es nuestra. Necesitamos protección para seguir conduciendo este trabajo en beneficio del país”.
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