La seguridad en el Perú va de mal en peor, pues las muertes producidas por la criminalidad no se detienen. La muestra evidente es el balance de los asesinatos en lo que va del año 2025.
De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y revisada por este diario, se han reportado 75 homicidios hasta el día de ayer, es decir, en tan solo dos semanas (ver infografía).
En paralelo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cumple hoy ocho meses en el cargo a pesar de todos los cuestionamientos en su contra y la falta de resultados en su sector.
DETALLES
El sábado 4 de enero de este año, el distrito de Laredo en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad, fue el escenario del asesinato de tres hombres a manos de sicarios.
Los testigos relataron que un grupo de sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a la zona y abrieron fuego contra los tres hombres que tomaban bebidas alcohólicas.
Walter Magán, Jahir Vásquez y Brayan Magán fueron las tres víctimas asesinadas.
El primero perdió la vida en el acto, mientras que los dos siguientes fallecieron camino al hospital.
Según la información revisada por este diario, las regiones donde se reportó un homicidio son Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ucayali, Cusco y Lambayeque; dos decesos en Loreto y Junín; en Tumbes, Cajamarca y Arequipa se reportaron tres homicidios; mientras que en Puno y Madre de Dios se registraron cuatro homicidios.
Sobre esta última región, el Ministerio Público confirmó que los cuatro cadáveres fueron hallados en una aparente fosa común ubicada en el sector conocido como La Pampa, a la altura del kilómetro 109 de la carretera Interoceánica, zona donde operan mineros informales e ilegales.
El fiscal Federico Choque informó que los restos fueron encontrados sepultados en diferentes puntos en una zona deforestada por la minería ilegal.
En tanto, se reportaron homicidios en Piura (5), Ica (5), La Libertad (7) y el Callao (8).
LA CAPITAL
A diferencia de otras regiones, Lima, la capital del Perú, concentra el mayor número de homicidios que a la fecha suman 21.
Por ejemplo, en los últimos días se reportaron tres muertes en el distrito de Chorrillos por la disputa de la posesión de un lote.
Además, en el distrito de El Agustino, se halló cadáveres de dos hombres con heridas de bala en la ribera del río Rímac.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Maza Guerrero (31) y Michel Anthony Quinde Carmona (33), quienes presentaban signos de violencia.
Por otro lado, un mototaxista de 65 años fue ejecutado por un sicario que se hizo pasar por pasajero en el distrito de Carabayllo.
La víctima era Rodolfo Zavala Soto, quien se habría negado a pagar un cupo de soles al agresor, pedido que forma parte de la extorsión que viven miles de peruanos.
El delincuente disparó en seis ocasiones, varios de esos disparos alcanzaron al mototaxista en la cabeza y en la nuca.
Mientras que un colectivero que fue acribillado por integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, falleció ayer.
El ataque se perpetró en el distrito de San Martín de Porres, lugar en el que los agresores grabaron incluso el cobarde ataque. Esta última muerte que todavía no fue incluida en el Sinadef sube el número de decesos a 75.
ANÁLISIS
Al respecto, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, recordó que la violencia delictiva está creciendo de un modo importante.
“El uso de armas de fuego, sicariato, crimen organizado y más, todo eso es incontestable. El número de muertes hasta la fecha refleja una realidad incontestable. Hay un crecimiento sistemático de fallecidos en el contexto de delincuencia”, indicó.
Desde su punto de vista, la causa del fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana está relacionada al poco trabajo que realiza el Gobierno de Dina Boluarte para resolver el problema.
“El Gobierno puso la declaratoria de emergencia, pero eso ya terminó al igual que sus ampliaciones y vemos que el resultado ha sido nefasto, porque no se percibe ningún cambio”, señaló.
En diálogo con Correo, explicó que las declaratorias de emergencia en distritos no tienen resultado sino existe un trabajo previo de inteligencia y un diseño para combatir delitos vinculados al crimen organizado, el sicariato, la extorsión y otros.
“Yo diría que el gobierno no hace casi nada. Lo único relevante ha sido el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía Nacional del Perú (Gorex - PNP), pero nunca hemos sabido si ese grupo se mantuvo, si fue creciendo en número de efectivos, recursos o tecnología”, apuntó.
En otro momento, recomendó que se prioricen las acciones de inteligencia con grupos especiales que trabajen sin una proyección de tiempo, porque no se puede hacer trabajo de inteligencia buscando resultados para la foto.
“El Gobierno y el ministro del Interior buscan resultados inmediatos y para la foto. La receta es grupos inteligentes que trabajen a tiempo completo, que acumulen información, que tengan recursos, tecnología, logística y que trabajen sin plazo para detener o combatir a delincuentes”, indicó.
“El ministro del Interior tendría que asumir la responsabilidad de trabajar por el país con acciones de mediano plazo”, agregó.
INTELIGENCIA
En un sentido similar opinó el criminólogo Nicolás Zevallos, quien lamentó que se haya dejado avanzar mucho al crimen organizado.
“En este momento las evidencias sugieren que ha desbordado las capacidades del Estado para responder a este problema. Hemos cerrado el año 2024 con una cifra récord de homicidios, que debería preocuparnos por el grado de violencia que estamos alcanzando”, indicó.
En diálogo con Correo, el también experto en seguridad pública consideró que las evidencias y los datos oficiales sugieren que las medidas del Gobierno no son suficientes.
“El incremento de homicidios y las tendencias registradas por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de victimización señalan que no tienen mayor impacto”, remarcó.
Zevallos dijo que otro problema es que se genera la expectativa de que se puede dar una solución, pero sin resultados.
“Se genera mayor desconfianza en las instituciones”, añadió.
Al igual que el exministro Pedraza, el experto apuntó a que la inteligencia y un trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía, son las medidas que puede aplicar el Gobierno de Boluarte para combatir la delincuencia.
“Perseguir el dinero es indispensable. Pero para eso es también urgente que se refuerce el marco normativo y las modificaciones recientes como el de la prisión preventiva merman la posibilidad de actuar de los operadores de seguridad y justicia”, aseveró.
Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno no aplique otras medidas porque no tiene el personal capacitado para hacerlo, el criminólogo señaló que en la Policía y Fiscalía sí existe personal altamente capacitado y formado para enfrentar estos temas.
“Es un asunto de establecer con claridad las prioridades estratégicas. Queda claro que hoy la extorsión es el problema principal, de la mano de la minería ilegal. Es urgente que se enfoque la mirada en esos dos delitos y hay personal para eso”, comentó.
